La nueva ley federal aprobada en respuesta a una serie de tiroteos masivos incluye disposiciones para incorporar mejor los registros de menores en el sistema federal de verificación de antecedentes, pero los estados varían enormemente en la forma en la que abordan el acceso a las armas y las propias verificaciones de antecedentes.
A medida que los estados vayan aplicando la nueva ley, se enfrentarán a la presión de los críticos que consideran que el control de los antecedentes de los menores en relación con las armas de fuego penaliza injustamente a las personas por los errores cometidos en su juventud.
El senador John Cornyn, de Texas, fue el principal republicano en las negociaciones bipartidistas del Senado en relación a las armas, que surgieron después de que Salvador Ramos, de 18 años, cometiera el horrible tiroteo masivo en primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó a 19 niños y a dos profesores muertos.
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Cornyn buscó las áreas en las que el sistema falló en Uvalde —y encontró muchas—, pero se centró especialmente en el reto que suponen aquellos que compran armas poco después de cumplir los 18 años, como hizo Ramos.
“En este momento, el sistema de verificación de antecedentes penales no se remonta a antes de los 18 años para ver si has tenido una sentencia de salud mental o alguna condena penal que te descalifique”, dijo Cornyn durante el debate de su propuesta. “Eso es un problema”.
En retrospectiva, Ramos mostró muchas señales de advertencia en forma de violencia hacia animales y amenazas a otras personas, aunque no está claro si alguno de esos comportamientos perturbadores dio lugar a registros oficiales que hubieran hecho saltar las alarmas en una comprobación de antecedentes.
La ley federal prohíbe la compra de armas a cualquier persona que haya sido condenada por un delito castigado con una pena de prisión superior a un año.
Otras personas prohibidas pertenecen a varias categorías: quienes hayan renunciado a su ciudadanía estadounidense, hayan recibido licencia bajo condiciones deshonrosas, estén en el país de forma ilegal, consuman drogas ilegales o sean fugitivos de la justicia.
También están prohibidos los individuos que hayan sido condenados por un delito menor de violencia doméstica y cualquiera que “haya sido juzgado como un defectuoso mental o internado en una institución mental”.
Cornyn ha sido categórico al afirmar que no apoyará propuestas que supongan una carga indebida para los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos respetuosos de la ley, y dijo que se resistía a las peticiones de categorías prohibidas adicionales.
“Esencialmente, al hacer lo que hemos hecho aquí, estamos diciendo que vamos a asegurarnos de que la ley existente se aplique, pero no añadimos requisitos adicionales”, dijo respecto a las disposiciones de los registros de menores en la nueva ley.
Cornyn dijo que el proyecto de ley incentiva a los estados a cargar los registros de menores que tienen en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS) para asegurar que cualquier condena descalificante o intervenciones de salud mental estén disponibles.
En su opinión, esas personas ya tenían prohibido comprar armas con las leyes anteriores.
“Esto, para ser claros, no es una ampliación sino una aclaración”, dijo Cornyn.
En parte, debido a los posibles problemas técnicos que supone incorporar los registros de menores al propio NICS, la nueva ley incluye una revisión reforzada para los menores de 21 años.
Las autoridades tendrán la oportunidad de ampliar sus investigaciones de antecedentes a 10 días para los menores de 21 años, en lugar de los tres días habituales, en parte para que puedan examinar los registros de los menores.
Quienes están a favor de las armas se oponen
Algunos grupos de defensa de los derechos de las armas se opusieron a la nueva ley por una serie de razones, entre ellas las disposiciones relativas a los antecedentes de los menores.
Aidan Johnston, director de asuntos federales de Gun Owners of America (GOA), planteó la posibilidad de que una persona internada involuntariamente como menor no pueda poseer un arma como adulto.
También dijo que la ampliación de los registros incluidos en las búsquedas de NICS probablemente aumentará el índice de personas a las que se les bloquea incorrectamente la compra de un arma de fuego.
Johnston estuvo de acuerdo en que cualquier persona condenada por un delito grave en un tribunal de adultos se supone que está en el sistema, pero dijo que, si los estados no están cargando esos registros, eso no debería requerir una nueva ley o lo que describió como un periodo de revisión inconstitucional para los menores de 21 años.
“Los menores que cometen delitos graves deberían estar en la base de datos y los estados que conservan esos registros de delitos graves de los menores que los cometen deberían enviarlos al sistema NICS”, dijo. “Pero, en general, los estados que permiten la eliminación de los registros de salud mental no han estado presentando sus nombres de acuerdo con su propia ley estatal, y eso es algo bueno”.
Como directora legislativa de Texas State Rifle Association (TSAR), Andi Turner se centra más en las leyes estatales de armas que en las federales, pero cuestionó que se les eche en cara los errores de menores siendo adultos.
Turner dijo que entiende que algunos jóvenes puedan mostrar signos preocupantes, como hacerle daño a los animales.
“¿Deberían la policía o los servicios sociales investigarlo? Claro, absolutamente”, dijo Turner. “Pero, ¿creo que (deberíamos) quitarle los derechos constitucionales a los adultos sin el debido proceso? No lo creo”.
Los partidarios de las disposiciones relativas a los antecedentes penales de los menores dicen que los antecedentes penales que se recogen suelen ser los de aquellos que fueron juzgados y condenados en un tribunal de adultos cuando eran menores de 18 años.
Esos registros ya deberían ser subidos a NICS, pero los estados han interpretado la ley de tal manera que no siempre lo hacen, de acuerdo con quienes apoyan el cambio. En lo que respecta a los problemas de salud mental, la nueva ley exige que se revisen los registros solo hasta los 16 años.
Existen vías para restablecer el derecho a las armas, pero esos procesos pueden variar mucho de un estado a otro.
Un problema doble
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Los críticos han descrito el periodo de revisión mejorado, que se extinguiría después de 10 años, como un periodo de espera obligatorio a nivel federal, pero Cornyn lo refutó, diciendo que muchas comprobaciones de antecedentes se resuelven en cuestión de horas.
Y el senador dijo que a veces el FBI necesita más tiempo para investigar: por ejemplo, dijo que inicialmente podría no estar claro si una condena por un delito menor de asalto fue el resultado de una pelea en un bar, que no le impide a la persona tener un arma o un caso de violencia doméstica que lo descalifica.
Más tiempo fue un problema en el caso de Dylann Roof, quien mató a nueve personas en la Iglesia Madre Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, en 2015, dijo Cornyn.
A pesar de haber admitido recientemente la posesión de drogas, Roof pudo comprar su arma basándose en una disposición que dice que las ventas pueden proceder después de tres días incluso si la verificación de antecedentes no está completa.
Dru Stevenson, profesor de la Facultad de Derecho del Sur de Texas, que ha investigado la prevención de la violencia armada y las regulaciones en cuanto a armas de fuego, dijo que el sistema actual tiene un doble problema.
Por un lado, algunos funcionarios estatales no suben los registros que podrían ser relevantes para la comprobación de antecedentes. Por otro lado, la calidad de la comprobación de los antecedentes puede depender en parte de los recursos de la persona que la lleva a cabo.
“El FBI tendrá que desarrollar algunos procedimientos internos nuevos en respuesta a la nueva ley y darle instrucciones a su personal en consecuencia; es demasiado pronto como para saber qué tal funcionará”, dijo. “Y si la Legislatura [de Texas] lo arregla, o el [fiscal general de Texas] lo hace con una carta de opinión, eso haría que la parte de atrás fuera menos importante, porque la información ya estará allí en un lugar”.
Cornyn reconoció el papel de los estados durante su discurso antes de la votación final del Senado en la medida. Dijo que los estados enfocan la cuestión de forma diferente y que el gobierno federal no tiene forma de obligar a los estados.
“Yo pensaría que los gobernadores y las legislaturas estatales querrían trabajar con nosotros para tratar de mantener las armas fuera de las manos de personas que sabemos que son una amenaza para ellos mismos y una amenaza para la seguridad pública”, dijo.