
El superintendente de las escuelas de Anna, Michael Comeaux, dice que su departamento de policía apenas está a la altura del crecimiento del distrito. El distrito del Condado Collin tiene un agente por cada mil estudiantes. A medida que la inscripción del distrito llega a 5,000, se está añadiendo un quinto agente, pero Anna tiene siete campus.
Si Comeaux tuviera que dotar de un agente a cada escuela, tendría que hacer recortes en otros lugares. Anna recibe ahora unos 40,000 dólares del Estado para seguridad. Pero el costo de un agente, el equipo y un vehículo es aproximadamente el triple de esa cantidad.
“Es realmente difícil. Estamos añadiendo básicamente un campus al año en nuestro distrito ahora”, dijo Comeaux. “No es sólo añadir todos los maestros y el personal a eso, sino también añadir las medidas de seguridad”.
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Los distritos como Anna se enfrentan a una presión aún mayor para aumentar la seguridad y, en particular, la presencia de las fuerzas del orden. Muchos texanos piden un agente de policía en cada escuela tras la tragedia de Uvalde. Pero el dinero limitado y la escasez de personal dificultan tal hazaña.
Las escuelas de Texas no disponen de los recursos necesarios para colocar agentes en todos los campus. Incluso si los tuvieran, los expertos se preguntan si el aumento de la presencia policial evitaría los tiroteos, o si podría tener un impacto negativo en los estudiantes, ya que algunas investigaciones sugieren que su presencia puede llevar a que más niños de color se enfrenten a cargos penales por comportamientos menores.
Después de lo ocurrido en Uvalde, el gobernador Greg Abbott pidió al comisionado de educación del estado que alentara a los distritos a aumentar el número de agentes de la ley capacitados o de educadores armados en las escuelas. También ordenó a la agencia estatal de educación que creara un nuevo puesto de jefe de seguridad escolar para supervisar los esfuerzos de seguridad.
La semana pasada, el presidente del comité de seguridad pública del Ayuntamiento de Dallas, Adam McGough, envió un memorando al administrador de la ciudad y al superintendente del ISD de Richardson pidiendo más agentes en las escuelas de ese distrito y que se estudie la posibilidad de crear un departamento de policía en el RISD, cuyos límites incluyen partes de Dallas.
A los responsables de las escuelas de Texas les preocupa de dónde saldrá el dinero para aumentar la vigilancia, ya que los fondos que el Estado destina a la seguridad de los campus no son suficientes. También señalan que no hay suficientes agentes disponibles en la actualidad.
La demanda de más policías en los campus es una respuesta habitual tras los tiroteos en las escuelas.
Florida —que vivió el mortal tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en 2018— ahora requiere que todos sus campus tengan un policía, un agente del alguacil, un educador armado o un guardia de seguridad escolar.
Otros estados han seguido su ejemplo a medida que la frecuencia de los tiroteos masivos en las escuelas ha aumentado en los últimos años.
Sin embargo, estos sucesos son “bastante raros”, señaló F. Chris Curran, profesor asociado de Liderazgo y Política Educativa de la Universidad de Florida.
“La mayoría de los agentes de recursos escolares, en el día a día, no responden a una situación de tirador activo”, dijo Curran. “Están ocupados en otras funciones”.
Y la presencia de las fuerzas del orden no necesariamente disuade o previene los tiroteos en las escuelas.
En Parkland, Florida, un agente de recursos escolares armado –un agente del alguacil– no respondió, permaneciendo fuera de un edificio durante 45 minutos mientras un tirador mataba a 17 personas y hería a otras 17. El mes pasado, en Robb Elementary, los agentes de policía estuvieron en el lugar durante más de una hora mientras un hombre armado mataba a 19 estudiantes y dos maestras dentro de un aula.
Muchas escuelas en Texas ya habían agregado agentes o aumentado los esfuerzos de seguridad después del mortal tiroteo de 2018 en Santa Fe High School.
“Aun con la exitosa agenda que hizo avanzar … donde finalmente (Abbott) pudo obtener más fondos para la policía en las escuelas, aun así sucedió esto”, dijo Andrew Hairston, el director del Proyecto de Justicia Educativa en Texas Appleseed. “Aún así nos enfrentamos a Uvalde”.
De patrullaje
La forma en que Texas distribuye a los agentes en los campus varía, pero es difícil garantizar uno por escuela, especialmente con fondos limitados.
Alrededor de 300 distritos en Texas —incluyendo Uvalde— tienen su propia fuerza policial. El ISD de Dallas, por ejemplo, tiene un departamento de unos 200 agentes para sus más de 220 campus, con un costo de $17 millones anuales.
A raíz de Santa Fe, los legisladores de Texas aprobaron una importante ley de seguridad escolar que dotó a las escuelas de dinero para la seguridad a través de una nueva asignación de seguridad. Los distritos reciben 9.72 dólares por estudiante –con base en las tasas de asistencia promedio–, lo que ascendió a poco menos de 50 millones de dólares este año escolar, según los registros preliminares del presupuesto estatal.
Para el ISD de Anna, esos $40,000 para seguridad no cubren los costos de un agente completo. El punto medio del salario de sus agentes es de unos 69,000 dólares, dijo Comeaux. Además de eso, el distrito debe proporcionarles equipo y un vehículo, todo lo cual puede sumar hasta 125,000 dólares en el primer año de incorporar uno, dijo.
El ISD de Sunnyvale, un distrito en el borde oriental del Condado Dallas, inscribe alrededor de 2,000 estudiantes. Su parte de la asignación de seguridad –alrededor de 20,000 dólares– pagaría alrededor de un tercio del salario base de un agente de recursos escolares, sin incluir los beneficios, señaló el superintendente Doug Williams.
Los agentes de recursos escolares son agentes jurados de la policía local o del departamento del alguacil que trabajan de tiempo completo o parcial en un campus. Sus salarios suelen ser pagados en parte o en su totalidad por el distrito escolar. Sunnyvale, por ejemplo, se asocia con el departamento de policía local para cubrir el costo de sus agentes.
El ISD de Blue Ridge, un distrito rural unos 27 kilómetros al noreste de McKinney, cuenta con la colaboración del Departamento del Alguacil del Condado Collin, que proporciona un agente que actúa como oficial de recursos escolares para sus tres campus.
El distrito tiene tres escuelas y unos 970 estudiantes. Todos los campus están a menos de un cuarto de milla de distancia entre sí, lo que permite al agente patrullar y pasar tiempo en cada uno de ellos. El distrito paga el salario del agente, mientras que el departamento del alguacil proporciona el transporte y otras necesidades.
El superintendente de Blue Ridge, Matt Kimball, ha hablado con el departamento del alguacil sobre la posibilidad de añadir otro oficial de recursos escolares el próximo año, pero el distrito debe averiguar de dónde sacar los fondos.
Una de las prioridades de estos agentes es “establecer relaciones con los niños” para que los estudiantes se sientan seguros a la hora de informar sobre actividades sospechosas que crean que puedan poner a alguien en peligro, dijo Kimball.
La esperanza es que su presencia en las escuelas sea un elemento disuasorio para cualquiera que quiera hacer daño en los campus, añadió.
“Son visibles y así los niños, los maestros y los padres saben que hay esa presencia”, dijo Kimball. “La gente es consciente de que hay seguridad”.
Muchos administradores –especialmente en los distritos rurales o más pequeños– dicen que Texas no da a las escuelas suficiente dinero para tener sus propios departamentos de policía o incluso para permitirse oficiales de recursos escolares en cada campus.
Más fondos de la Legislatura para reforzar la seguridad escolar aliviaría la presión de muchos distritos, dijeron los educadores.
“Si la financiación se mantiene igual, entonces tienes que hacer algunas concesiones en el presupuesto”, dijo Kimball. “Nunca se puede estar cómodo con la seguridad escolar, y cualquier cosa que el gobernador o la Legislatura puedan hacer para apoyarnos y a esa medida ayudará”.
La ley de Florida
La respuesta de Florida a Parkland puede proporcionar un modelo para los líderes de Texas que quieren más agentes de policía en los campus.
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Los legisladores de Florida aprobaron una ley que exige que todos los campus tengan un oficial de “escuela segura”, que obliga a la presencia de un oficial de policía, un agente del alguacil, un educador armado o un guardia de seguridad escolar. Otros estados han promulgado leyes similares.
Curran, el profesor de educación de Florida, señaló que otros adoptaron medidas similares a las de Florida. Maryland aprobó una ley que exige que todas las escuelas tengan una presencia policial “adecuada”. En Kentucky, la legislación establece que la presencia policial es obligatoria, dependiendo del presupuesto, dijo Curran.
Pero la policía ha estado a menudo presente en los campus donde se han producido tiroteos escolares. Incluso en 1999, en Columbine High School de Colorado, las fuerzas del orden estaban presentes cuando dos tiradores abrieron fuego, matando a 13 personas, dijo.
Las investigaciones sugieren que la presencia de agentes de la ley o de recursos escolares no reduce el número de víctimas en caso de tiroteo, dijo Curran. Hay ocasiones en las que los agentes han respondido eficazmente durante los tiroteos en las escuelas, añadió el maestro, sabiendo que es complicado saber qué habría ocurrido si un agente no hubiera estado presente.
Algunos distritos de Florida tienen dificultades para contratar suficientes agentes. Por ejemplo, en el distrito escolar del Condado Palm Beach, esta primavera había 70 puestos vacantes, casi una cuarta parte de su fuerza laboral.
Esto sigue las tendencias nacionales, señaló el decano asociado y criminólogo de la Universidad Estatal de Tarleton, Alex del Carmen.
“Estamos viendo una drástica escasez de individuos que están interesados en puestos relacionados con la aplicación de la ley en general; y específicamente, estamos viendo una escasez de solicitantes para la aplicación de la ley municipal”, dijo.
A nivel local, la escasez de personal en los departamentos de policía es un obstáculo que impide conseguir más agentes para los campus, dijeron los administradores.
El ISD de Princeton tiene dos oficiales de recursos escolares proporcionados por la policía de la ciudad. El propio distrito también tiene tres alguaciles escolares, civiles empleados por el distrito como maestros o miembros del personal que tienen acceso a un arma de fuego en el campus.
A Brent Collins, director de seguridad del ISD de Princeton, le gustaría tener unos 20 oficiales de recursos escolares de la fuerza policial, pero sabe que “eso no es realista” para el distrito de 10 campus.
“Con el clima actual, no es algo que la gente quiera hacer”, dijo. “No sé si puedan proporcionar más agentes a las escuelas sin quitar los que se necesita tener en las calles”.
Mientras tanto, el aumento de la presencia de las fuerzas del orden en los campus de Florida ha mostrado un incremento en la disciplina de los estudiantes.
Un informe de 2020 del capítulo de Florida de la ACLU destacó que el número de arrestos de jóvenes en la escuela aumentó 8%, mientras que el número de jóvenes arrestados en la comunidad disminuyó 12% en 2018-19. Mientras tanto, el número de estudiantes expulsados de la escuela aumentó 43%.
Hairston, de Texas Appleseed, dijo que no le sorprendían esos datos. Un reporte de 2016 del grupo encontró que estudiantes de Texas fueron arrestados, enviados a los tribunales penales de adultos o remitidos a la libertad condicional juvenil a menudo por comportamientos relativamente menores.
A los activistas les preocupa ese canal de la escuela a la cárcel, que describen como la práctica de castigar a los niños de una manera que los conduce al sistema de justicia penal en lugar de la graduación.
La vigilancia escolar aumenta el número de incidentes de uso de la fuerza sobre los estudiantes y las detenciones de jóvenes, dijo Hairston, haciendo hincapié en que estas tendencias de disciplina son sentidas desproporcionadamente por los niños afroamericanos, aquellos con discapacidades y los estudiantes LGBT.
La ACLU también descubrió que en los años posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, las escuelas de Florida emplearon más agentes de policía que enfermeras escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares.
Las escuelas de Texas, que tienen que lidiar con fondos limitados, probablemente tendrán que decidir si la adición de un agente extra significaría la pérdida de otra función en otro lugar, dijo Hairston.
“Los presupuestos son documentos morales”, dijo Hairston. “Estamos eligiendo financiar una respuesta muy punitiva a lo que es un periodo de increíble sufrimiento para los jóvenes”.