Mañana, jueves 31 de agosto, Genoveva Ramírez, de 67 años —madre, abuela, y activista en Chicago— se presentará en el edificio del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) por la segunda vez tras recibir una notificación de que su caso de deportación será reevaluado.
La acompañarán cinco inmigrantes que como ella, tienen que presentarse a una cita con ICE, aunque en las próximas semanas. Juntos demandarán un “trato justo”, según Lissette Castillo, miembro de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD).
El comisinado del condado de Cook, Jesús ‘Chuy’ García y la representante estatal, Elizabeth Hernández, estarían presentes, junto con otros oficiales electos, informó Castillo.
El 10 de mayo, mientras celebraba el Día de las Madres, Ramírez recibió una cita inesperada de las autoridades de Inmigración para reevaluar su caso de deportación, según contó.
Desde 2015 su caso fue calificado de baja prioridad, y por lo tanto, las autoridades no requirieron que se presentará a más citas de ‘check-ins’, explicó su representante legal Mony Ruiz-Velasco.
El 30 de mayo, acompañada de su familia, de OCAD, compañeros del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) y funcionarios del Consulado de México en Chicago, Ramírez entró ‘muy positiva’ a la cita en el edificio de ICE.
“Es increíblemente ridículo e injusto que Inmigración ahora quiera tomar estos pasos en estos momentos para reiniciar cualquier proceso contra Genoveva”, dijo Ruiz-Velasco, quien también aclaró que Ramírez tiene una solicitud de Visa U pendiente, la cual permite permanecer en el país a víctimas de crímenes.
De acuerdo a Ramírez, en febrero del año pasado fue asaltada en su casa en Berwyn. Los asaltantes la golpearon a ella y a su nieto. Al cooperar con las autoridades para resolver el caso, la Policía le otorgó una certificación e inmediatamente después su abogada solicitó la Visa U.
Aunque el espíritu era de esperanza, su esposo Fernando Castellanos reconoció que los nervios lo invadieron, esperaba la mejor noticia.
Aproximadamente una hora después, Ramírez, quien había entrado a su cita acompañada de su abogada y el cónsul mexicano de protección Marcelino Miranda, salió ‘no con buenas noticias’, dijo Ruiz-Velasco.
Ramírez fue citada nuevamente el 31 de agosto para evaluar su paro de deportación, y según Ruiz-Velasco, los oficiales aclararon que aunque previamente su caso habría sido de baja prioridad, eso cambió, ahora todas las personas pueden ser consideras como una prioridad (para ser deportados), incluyendo a Genoveva”, explicó la abogada.
More Top Picks Washing Machines
Ramírez dijo sentirse “tranquila pero un poco preocupada por los cambios que están pasando pero vamos a seguir en la lucha”, agregó mientras abrazaba a uno de sus nietos.
“Nuevamente estamos viviendo esta incertidumbre, nuestra comunidad está aquí otra vez apoyando a una compañera, a quien la queremos mucho”, dijo Rosi Carrasco, activista y miembro de OCAD.
“Para nosotros es importante que la gente sepa que se puede organizar, sabemos que los oficiales de inmigración pueden cerrar el caso de Genoveva, y que Ricardo Wong, (director de la oficina de Inmigración en Chicago) puede tomar esa decisión”, agregó y aseguró que el 31 de agosto nuevamente estarán presentes para apoyar a Ramirez.
Ramírez dijo que hace aproximadamente cuatro años, el 13 de febrero del 2013, fue arrestada por un oficial del condado de DuPage por una violación de tráfico al salir del trabajo.
“Inmediatamente me entregaron a Inmigración”, relata la abuela de 10 nietos, ocho de ellos, ciudadanos estadounidenses.
Después de una ardua pelea por parte de OCAD, la ayuda de la comunidad y del representante federal Luis Gutiérrez, Ramírez logró apelar su orden de deportación y fue calificada de baja prioridad, según explicó.
La Abuela contó que entró al país en 2001 con una visa de turista, y se quedó en vista que su familia había sido víctima de la violencia en su natal Ciudad de México, México.
Desde entonces comenzó a trabajar y a formar su vida en Chicago, junto con su esposo y sus dos hijos menores. Los otros dos permanecieron en México.
Al ser arrestada, Ramírez pasó aproximadamente dos semanas detenida por las autoridades de Inmigración; tras ser liberada se involucró en el activismo con la misma organización que le tendió la mano.
Ha participado en un sinnúmero de protestas y manifestaciones por los derechos de la comunidad inmigrante. En 2015 formó ‘100-mile March’, un grupo de cien mujeres que caminaron 100 millas para ver el Papa en Washington y fue invitada al Congreso, algo que considero irónico por su estatus migratorio.
A pesar de mantener la cabeza en alto ante su posible deportación, son sus nietos “quienes me duelen más”, dijo.
“Cuando estaba en el centro de detención, me sentaba en el piso a llorar”, recordó visiblemente emocionada. “Son muy apegados a nosotros”.
A su corta edad, Uriel Castellanos, de 8 años, ha participado en marchas con su abuelita y dice que no quiere que ella regrese a México.
“Seguimos en la lucha y tengo fe en que todo saldrá bien”, agregó al salir de su cita.