Por LEAH WILLINGHAM y JENNIFER PELTZ
ITHACA, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una exfuncionaria de alto rango del Departamento de Justicia de Estados Unidos examinará cómo la Universidad Cornell gestiona las denuncias de abuso sexual, anunciaron los fideicomisarios de la institución el martes, mientras intentan responder una oleada de indignación por la denuncia de una violación en grupo en 2024 en una casa de fraternidad.
Sally Yates, quien fue subsecretaria de Justicia durante el gobierno del presidente Barack Obama, encabezará la revisión, señalaron los fideicomisarios en un comunicado. La evaluación incluirá cómo la prestigiosa universidad investiga reportes de agresión y acoso sexual, cómo funciona el proceso disciplinario y la respuesta de la policía del campus, entre otras cosas.
“Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que esperamos de los demás”, dijo la presidenta del consejo de fideicomisarios, Anne Meinig Smalling, en un comunicado.
El anuncio se produce luego de varios días de indignación ante la respuesta de Cornell a la denuncia de una mujer conocida públicamente solo como Jane Doe, quien en noviembre de 2024 contó a la policía del campus que había sido agredida sexualmente unas semanas antes por varios miembros de la fraternidad Chi Phi después de que fue presionada para beber y consumir drogas.
No se han presentado cargos penales. El capítulo de Chi Phi en Cornell fue clausurado, y la universidad dijo que expulsó a algunos estudiantes y suspendió a otros.
Yates examinará la manera en que se abordó la denuncia y la supervisión de fraternidades, hermandades y otros grupos del campus, dijo Cornell.
La mujer demandó a la universidad, a siete exestudiantes, a la fraternidad y a otras partes el mes pasado.
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Abogados de dos de los exestudiantes negaron que hayan participado en una agresión sexual. Los intentos de The Associated Press por comunicarse con los otros hombres o sus representantes han sido infructuosos. Los registros judiciales muestran que, durante una investigación realizada por Cornell al amparo de la ley federal del Título IX, algunos de los acusados sostuvieron que el acto sexual fue consensual.
La demanda puso un nuevo foco de atención a nivel nacional sobre las acusaciones y sobre cómo reaccionaron la policía del campus, la universidad y el fiscal local.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, inició una investigación penal y podría nombrar pronto a abogados externos para que ayuden. Mientras tanto, su oficina ya se puso en contacto con el abogado de Jane Doe y con el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.
Van Houten examinó las acusaciones en 2024 y no presentó cargos —aunque posteriormente reabrió la investigación después de ver la demanda de Jane Doe. Una vez que la gobernadora Kathy Hochul puso a James a cargo del caso, Van Houten se expresó a favor del nombramiento.
Hochul, James y Van Houten son todos demócratas.
La gobernadora también pidió una revisión independiente de cómo Cornell manejó el asunto; revisión que Yates dirigirá ahora.
Yates tuvo una carrera de décadas en el Departamento de Justicia, donde se desempeñó durante años como la principal fiscal federal en Atlanta y más tarde como subsecretaria de Justicia.
Alcanzó especial notoriedad en enero de 2017 cuando, como secretaria interina de Justicia en los primeros días del gobierno de Donald Trump, ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran la constitucionalidad de la prohibición de refugiados e inmigración del presidente republicano. Fue despedida rápidamente, y Trump la acusó de traición e insubordinación.
Yates también acaparó titulares cuando se supo que, en una conversación días antes de su salida, había expresado alarma a la Casa Blanca de Trump por los contactos que el nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, había tenido con el embajador ruso durante el periodo de transición presidencial. Flynn fue despedido posteriormente.
Yates ha ejercido en el sector privado desde su salida del Departamento de Justicia. Su práctica en el bufete King & Spalding incluye la realización de investigaciones independientes para organizaciones y empresas externas.
Entre sus investigaciones estuvo una pesquisa de alto perfil sobre presuntos abusos y conductas indebidas, incluidas denuncias de acoso y coerción, en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. La investigación concluyó en 2022 con la determinación de que existía un abuso sistémico.
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Peltz informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Michael Sisak en Nueva York y Eric Tucker en Washington contribuyeron con este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.