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player ready...Por GARY FIELDS y REBECCA SANTANA
GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una audiencia para Kilmar Ábrego García en la que se pretendía determinar si el hombre que fue enviado erróneamente por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador sería deportado a Liberia fue cancelada abruptamente el martes por razones que no estaban claras de momento.
El gobierno del presidente Donald Trump busca anular una orden preliminar dictada por la jueza Paula Xinis que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) detenga y deporte a Ábrego García al país africano. Su equipo legal intenta que la orden sea permanente. La jueza mantuvo vigentes órdenes anteriores en diciembre pasado y ordenó su liberación.
Ábrego García estaba en la sala del tribunal el martes, pero la jueza nunca subió al estrado. En su lugar, los abogados de ambas partes salieron de la sala del tribunal unos cinco minutos antes de la cita de la audiencia. Mantuvieron una conferencia de 15 minutos y luego la audiencia fue cancelada. No se hizo ningún anuncio en el tribunal sobre el motivo de la cancelación.
Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de Ábrego García, dijo simplemente que la audiencia no podía llevarse a cabo el martes y que en los próximos días se publicaría una actualización del caso en el expediente judicial.
“Desafortunadamente el tribunal no pudo seguir adelante este día”, declaró Sandoval-Moshenberg.
El caso del ciudadano salvadoreño se convirtió en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fue deportado por error a su país de origen. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a un país africano, como propusieron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).
Ábrego García sostuvo que, si iba a ser deportado, debería ser a Costa Rica, que previamente aceptó recibirlo. Pero Todd Lyons, exdirector interino del ICE, señaló en un memorando de marzo de 2026 que deportarlo a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”, porque el país había gastado recursos y capital político negociando con Liberia para que aceptara a nacionales de terceros países.
El impulso para deportarlo a Liberia continuó incluso después de que Estados Unidos firmó un acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
“El gobierno sigue el mismo rodeo de tantas veces. Enviar a Kilmar a Costa Rica está sobre la mesa. Sin embargo, el gobierno sigue castigándolo por ejercer sus derechos constitucionales y busca enviarlo a Liberia”, manifestó Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y a su familia y que tiene previsto estar en el tribunal. “Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del debido proceso, un símbolo que la administración Trump quiere silenciar”.
Partidarios de Ábrego García se reunieron el martes afuera del tribunal en los suburbios de Washington, D.C., algunos con chalecos verdes que decían “CASA”.
Nadine Seiler, de 61 años, sostenía una pancarta en apoyo a Ábrego García mientras un coro cantaba “We Shall Not be Moved”. Seiler dijo que inmigró desde Trinidad hace casi 39 años.
“Soy inmigrante. He venido a representar a mi comunidad inmigrante”, dijo Seiler. Indicó que Ábrego García dijo hace meses que estaba dispuesto a salir del país, pero el gobierno no ha aceptado. “No se trata de política. Se trata de crueldad”.
Añadió en un correo electrónico que la familia merece privacidad, ya sea en su hogar en Maryland o en Costa Rica.
Ábrego García, de 31 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia.
Fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 después de recoger a su hijo, que entonces tenía 5 años y tiene autismo y otras discapacidades, en la casa de su abuela, según documentos judiciales.
Luego, fue enviado a un enorme complejo penitenciario en El Salvador conocido como CECOT, que según activistas está plagado de abusos y donde los reclusos son hacinados en celdas sin poder salir al exterior. Funcionarios del ICE admitieron en documentos presentados ante el tribunal que su deportación fue un “error administrativo”.
Ante la presión pública y una orden judicial, la administración republicana del presidente Trump lo trajo de regreso en junio de 2025, pero solo después de obtener una acusación formal de tráfico de personas en Tennessee. Un juez federal desestimó ese caso en mayo de 2026, al concluir que el Departamento de Justicia buscaba castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno está apelando.
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Santana informó desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.