Si hay algo que se puede decir de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum es que, hasta ahora, ha sabido manejar muy bien al presidente Donald Trump. Esto no era en absoluto algo seguro, como está aprendiendo por las malas el presidente colombiano Gustavo Petro, ya que las relaciones personales de Trump con los líderes extranjeros pueden ser muy cambiantes, dependiendo del día y del tema que se trate. Trump utilizó a México como saco de boxeo durante su campaña de 2024, criticando duramente las deficiencias de sus políticos y amenazando con desplegar fuerzas especiales estadounidenses en el país para destruir los laboratorios de drogas que producían fentanilo a un ritmo frenético.
Afortunadamente para Sheinbaum, nada de esto ha sucedido. Aunque Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas en febrero y a menudo vuelve al tema de tomar medidas unilaterales por parte de Estados Unidos contra los cárteles, se ha mostrado más dispuesto a dar tiempo al Gobierno mexicano para demostrar su valía de lo que muchos pensaban en un principio. Trump calificó a Sheinbaum como “una mujer encantadora”, firmó un acuerdo de seguridad con México en septiembre que aumentó la coordinación en iniciativas contra el narcotráfico y parece comprender la conclusión básica de que el único ganador de una relación turbulenta entre Estados Unidos y México son los cárteles que ambas naciones buscan combatir.
La postura relativamente cooperativa de Trump no surgió de la nada. Es un reflejo de la ayuda que se está prestando a sí misma el Gobierno mexicano. La administración de Sheinbaum es mucho más agresiva con las organizaciones criminales que su predecesor inmediato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien nunca se mostró particularmente entusiasmado con la mentalidad de la “guerra contra las drogas” y trató el problema de la violencia de los cárteles como un problema socioeconómico. Aun así, el llamado enfoque de “abrazos, no balas” no sirvió para frenar la ola de violencia. En la segunda mitad de su mandato de seis años, incluso AMLO comenzó a apoyarse más en el ejército mexicano, tal como lo habían hecho los presidentes mexicanos anteriores desde principios de siglo.
Por el contrario, Sheinbaum no necesitó mucho convencimiento para utilizar el palo, lo que probablemente sea la razón por la que Trump la apoya tanto, al menos por ahora. Según las estadísticas del Gobierno mexicano, los homicidios disminuyeron más de un 24% en los primeros nueve meses de su mandato. Se ha detenido a más de 32,000 sospechosos de delitos, se han clausurado miles de laboratorios de drogas y se han incautado más de 245 toneladas de drogas. A diferencia de AMLO, que se mostraba muy escéptico con respecto a las motivaciones de Estados Unidos, la administración de Sheinbaum ha permitido a la CIA aumentar los vuelos de vigilancia sobre los puntos conflictivos de los cárteles en México, donde la información se entrega a los servicios de seguridad mexicanos sobre el terreno. México también ha enviado a decenas de operativos de los cárteles a Estados Unidos para que sean juzgados, algo con lo que Washington solo podía soñar en los años en que AMLO ocupaba el palacio presidencial.
Sin embargo, todo esto debe ponerse en perspectiva. A pesar de los arrestos, las extradiciones y las incautaciones de drogas que aparecen en las portadas de los periódicos, México sigue siendo un país extremadamente violento, donde los líderes locales a menudo son cooptados —ya sea mediante amenazas o sobornos— para que colaboren con las mismas organizaciones criminales contra las que se supone que deben luchar. Con el paso de los años, los cárteles se han diversificado hacia fuentes de ingresos alternativas, entre ellas, la incursión en la economía agrícola formal de México. Quienes se niegan a cooperar corren el riesgo de morir.
Carlos Manzo, alcalde de la ciudad mexicana de Uruapan, situada en el centro de la industria del aguacate de México, fue uno de los que no se sometió a los caprichos de los cárteles. El ruidoso y descarado alcalde, que solía llevar un sombrero de vaquero, era miembro del partido Morena de Sheinbaum, que ha llegado a dominar la política mexicana y controla los tres poderes del Gobierno federal de México. Sin embargo, Manzo se independizó el año pasado, en parte como respuesta a lo que él consideraba una estrategia anticrimen poco eficaz por parte de Morena. Su frustración llegó al límite este año, y dedicó una parte considerable de su tiempo a presionar al Gobierno de Sheinbaum para que adoptara una postura más proactiva contra las organizaciones criminales que han campado a sus anchas por todo el estado de Michoacán. Su solución era sencilla: declararles la guerra.
Sin embargo, la noble postura de Manzo le costó la vida. Mientras presidía una celebración pública del Día de Muertos, un pistolero lo asesinó en la plaza central de Uruapan. Desde el asesinato de Manzo, han proliferado las protestas a gran escala, lo que ha aumentado la presión pública sobre Sheinbaum como nunca antes. Su gobierno ha respondido con un nuevo plan de seguridad para Michoacán, que se parece mucho a los antiguos planes de seguridad de sus predecesores: enviar 1,000 soldados mexicanos más al estado en un intento por contener la violencia. También se desplegarán más recursos de investigación, tanto para localizar a los implicados en el asesinato de Manzo como para mejorar la presencia del Gobierno federal en la zona.
Para algunos, esta respuesta es simplemente insuficiente. Los críticos sostienen que la única forma de derrotar verdaderamente a los cárteles es hacer lo que recomendó Manzo: declararlos enemigos del Estado y erradicarlos. Desde el punto de vista moral, es difícil no estar de acuerdo.
Pero es importante señalar que México probó esta estrategia en un pasado no muy lejano. El resultado fue un aumento en el número de muertes, un panorama de cárteles más complicado que las fuerzas de seguridad mexicanas no pudieron controlar y líderes criminales más despiadados que ahora no tienen ningún problema en extender la guerra a civiles y funcionarios públicos.
Las estadísticas lo demuestran. Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles en 2006, la tasa de homicidios en México rondaba los 10,000 al año. Cuando dejó el cargo en 2012, la cifra había aumentado a 25,000. En 2018, la cifra aumentó a 36,000. Desde entonces, las cifras han superado los 30,000 al año.
Sheinbaum se encuentra entre la espada y la pared. La apremiante cuestión de cómo hacer de México un lugar más pacífico perseguirá su presidencia, al igual que lo hizo con sus predecesores.
Daniel DePetris es investigador en Defense Priorities y columnista de asuntos exteriores del baiduhai.
Traducción por José Luis Sánchez Pando/TCA.
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