Más de 18 millones de estadounidenses en ocasiones no tuvieron suficiente como para comer el mes pasado, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Más de cinco millones de personas pasan hambre con frecuencia.
Estas cifras habrían sido mayores si millones de familias no hubieran recibido ayuda alimentaria adicional a través de una ampliación de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), comúnmente conocido como cupones de alimentos, relacionada con la pandemia.
Pero al menos 16 estados ahora optaron por no proporcionar las asignaciones de emergencia, con líderes republicanos en algunos de esos estados, argumentando que la ayuda alimentaria extra y otra ayuda relacionada con la pandemia están contribuyendo a la escasez de trabajadores en todo el país.
En 2018, el año más reciente del que se dispone de cifras, tres cuartas partes de los hogares que reciben prestaciones de SNAP tenían al menos una persona trabajando, según la Oficina del Censo. Y algunos investigadores han argumentado durante mucho tiempo que, mientras Medicaid y otros programas de bienestar podrían incluir desincentivos para trabajar, SNAP no lo hace.
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Pero uno de esos investigadores, el profesor de economía de la Universidad de Baylor (BU), Craig Gundersen, dijo en una entrevista con Stateline que tenía una visión diferente de las prestaciones adicionales de SNAP con el desempleo tan bajo.
“Yo estaba a favor de aumentar para todo el mundo la prestación máxima durante la primera parte del COVID”, dijo Gunderson, quien estudia el hambre y la pobreza. “Sin embargo, ahora, en una época en la que abundan los puestos de trabajo, aumentar a todo el mundo al máximo puede desanimar a la gente a trabajar”.
Al principio de la pandemia del COVID-19, cuando la economía se hundió y las familias hambrientas inundaron los bancos de alimentos, el Congreso aumentó temporalmente las prestaciones de SNAP incrementando todas las prestaciones en un 15
y aumentando cada hogar al máximo beneficio permitido para su tamaño de hogar. En abril de 2021, el gobierno de Biden aumentó la ayuda extra a un mínimo de 95 dólares para todos los hogares.
El aumento de la ayuda alimentaria funcionó, de acuerdo con Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), de tendencia izquierdista: la medida típica anual de inseguridad alimenticia en 2020 fue del 10.5 por ciento, no más alta que en 2019, antes de la pandemia. Esa misma medida aumentó dramáticamente durante la Gran Recesión en 2008 y 2009.
El gobierno federal cubre el costo de las prestaciones de SNAP, pero el gobierno federal y los estados se reparten el costo de la administración del programa. De acuerdo con las cifras preliminares, 21.6 millones de hogares estadounidenses han recibido las prestaciones de SNAP en el año fiscal 2022. El pago mensual promedio por hogar fue de 448 dólares.
El aumento del 15 por ciento expiró para todos el 30 de septiembre de 2021. El aumento máximo de las prestaciones expirará cuando termine la emergencia de salud pública federal o cuando los estados terminen sus propias declaraciones de emergencia o desastre. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) renovó la emergencia federal el 15 de julio por 90 días más.
Para poder acogerse a las prestaciones de la emergencia, un estado debe marcar algunas casillas en una solicitud de una página y confirmar que está bajo su propia orden de emergencia de salud pública o una declaración de desastre debido al COVID-19.
A mediados de julio, 30 estados habían finalizado o dejado expirar sus órdenes de emergencia sanitaria, pero 18 de ellos seguían teniendo derecho a las prestaciones de emergencia de SNAP porque se acogen a las declaraciones de desastre. De acuerdo con el sitio web de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, todos los estados tienen al menos una declaración de desastre activa debido al COVID-19.
El último estado en cortar las prestaciones adicionales fue Georgia en junio. En un correo electrónico, un portavoz del gobernador republicano Brian Kemp dijo que los habitantes de Georgia no necesitan la ayuda adicional, citando una economía fuerte y una baja tasa de desempleo.
“Si algún georgiano o familias de Georgia están experimentando inseguridad alimenticia, tenemos muchos otros programas estatales para ayudar a apoyarlos”, dijo el comunicado.
Pero los bancos de alimentos de todo Georgia dijeron que han visto un aumento de clientes desde que se cortaron las prestaciones de emergencia. Danah Craft, directora ejecutiva de Feeding Georgia, una red de bancos de alimentos en todo el estado, dijo que los bancos de alimentos están tan abrumados que ya no pueden alimentar a la gente con sus donaciones habituales, lo que les obliga a comprar alimentos en su lugar.
De acuerdo con Feeding Georgia, la pandemia provocó un aumento sostenido del 30 por ciento en la demanda. Después de que el estado pusiera fin a la ayuda extra, la demanda se duplicó en algunos bancos de alimentos de la red, dijo Craft.
“Están haciendo todo lo que se les ocurre, pero la compra de alimentos no es sostenible para la red de bancos de alimentos”, dijo.
Erin Barger, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Noreste de Georgia, que cubre 14 condados en su mayoría rurales, dijo que el fin de las prestaciones de emergencia ha sido un verdadero desafío para las personas que ya estaban luchando. Dijo que, en promedio, los hogares informaron que recibían alrededor de 89 dólares extra por mes en prestaciones de emergencia, pero que la inflación devoró gran parte del aumento.
En mayo, los precios de los alimentos eran 11.9 por ciento más altos que en mayo de 2021, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). USDA también supervisa SNAP.
“Creo que algunos de estas prestaciones están terminando porque hay una suposición de que, como estamos saliendo de la pandemia, las cosas han vuelto a la normalidad”, dijo Craft. “Pero la realidad es que a la gente le está yendo peor que antes del COVID”.
Zareena Meyn, directora ejecutiva de mRelief, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas de todo el país a solicitar las prestaciones de SNAP a través de una aplicación basada en mensajes de texto, dijo que hay unos 9 millones de personas que son elegibles pero no están inscritas.
Dijo que muchas personas no conocen el programa o no saben que son elegibles. Para algunos, aceptar la ayuda del gobierno es un estigma. Pero Meyn dijo que un impedimento importante es que los estados dificultan mucho la inscripción.
“Muchos estados hacen prácticamente imposible la solicitud”, dijo. “El proceso para inscribirse inicialmente en las prestaciones y luego mantenerlas puede ser realmente nebuloso e inaccesible para muchas personas”.
Pero los críticos dicen que sin requisitos de trabajo, muchas personas permanecen en SNAP más tiempo del necesario.
Los legisladores de al menos 14 estados han introducido medidas que requerirían que las personas que reciben SNAP trabajen, un esfuerzo que comenzó antes de la pandemia y que ha sido defendido por grupos de expertos conservadores.
Stateline ha encontrado ocho proyectos de ley en lo que va de año en Georgia, Kansas, Luisiana, Nueva Jersey, Ohio, Wisconsin y Virginia Occidental, y dos en el Congreso que exigen requisitos de trabajo obligatorios y/o formación laboral para las prestaciones de SNAP.
Scott Centorino, miembro principal de Foundation for Government Accountability (FGA), un grupo de expertos conservadores con sede en Florida, dijo que exigir que las personas que reciben SNAP y otras ayudas del gobierno trabajen ayudará a abordar la escasez nacional de mano de obra. Criticó al gobierno federal por prohibir la aplicación de los requisitos de trabajo de SNAP mientras esté vigente la emergencia federal.
En mayo había aproximadamente 11.3 millones de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
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“Si no se le puede pedir a la gente sana de su estado que trabaje, se forme o se ofrezca como voluntaria, aunque sea de medio tiempo, como condición para recibir las prestaciones, porque el gobierno federal le ha atado las manos, ¿qué puede hacer?”, dijo.
El senador republicano del estado de Georgia, Bruce Thompson, presentó en febrero un proyecto de ley que exigía requisitos obligatorios de trabajo o formación laboral para los beneficiarios de SNAP. El proyecto de ley, que murió en el comité, le habría exigido a los beneficiarios de SNAP trabajar 20 horas o más a la semana o participar en un programa de trabajo durante el mismo tiempo para recibir la ayuda.
Diez estados —Arkansas, Florida, Idaho, Mississippi, Nueva Jersey, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Texas y Utah— han instituido algún tipo de requisito obligatorio de trabajo y formación para los beneficiarios de SNAP. Pero esos requisitos no están en vigor debido a la orden federal.
También hay dos proyectos de ley similares en el Congreso.
“Durante demasiado tiempo, la izquierda ha librado una guerra contra el trabajo. Eso tiene que terminar hoy”, dijo el senador Rick Scott, republicano de Florida, en un comunicado al presentar su proyecto de ley federal. “Las políticas puestas en marcha durante la pandemia para pagarle a la gente más por sentarse en casa que por volver a trabajar son el último y más audaz movimiento de la izquierda radical para impulsar la dependencia del gobierno”.
El proyecto de ley de Scott establecería requisitos de trabajo y capacitación para los participantes de SNAP y las personas que reciben vales de vivienda de la Sección 8, pero Craft de Feeding Georgia señaló que la mayoría de los beneficiarios de SNAP ya trabajan.
“Si los estados quieren crear programas de trabajo, y apoyos para las familias, entonces deben hacerlo”, dijo Craft. “Pero no deberían hacer que todo eso dependa de si la gente come o no”.