Humberto Daniel Ramírez Hernández fue visto por última vez en una esquina de Tijuana donde fumaba un cigarrillo frente a una pequeña tienda cerca de su casa hace casi dos años.
Su desaparición es sólo un ejemplo de un problema mucho mayor. Según las cifras gubernamentales más recientes, más de 77,000 mexicanos están desaparecidos actualmente.
Se les conoce como los desaparecidos —aquellos que han desaparecido sin dejar rastro.
Los familiares y otras personas dicen que la asombrosa lista de personas desaparecidas de México refleja al menos la indiferencia oficial por parte de las autoridades y, en algunos casos, la complicidad.
El caso más destacado es el de los 43 jóvenes estudiantes varones de la normal rural de Ayotzinapa, una pequeña universidad en el sur de México con una tradición de activismo de izquierda. En su camino a una protesta en la Ciudad de México, el grupo desapareció de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del gobierno, que actuaban en concierto con los políticos locales y el crimen organizado, según el gobierno federal de México.
En junio de 2020, el diario Reforma informó que la Fiscalía General de México anunció el arresto del líder del cartel que presuntamente ordenó el asesinato de los estudiantes. Esta semana se emitieron órdenes de arresto para la policía local, la policía federal y miembros del ejército, según el Mexico News Daily.
La mayoría de los restos de las víctimas nunca fueron encontrados. Pero la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en las colinas rurales de Guerrero encontró cientos de otros cuerpos, lo que inspiró a personas de todo el país a formar alianzas políticas y sociales informales y buscar los restos de sus propios seres queridos desaparecidos.
En Tijuana, ese movimiento es anterior al caso Ayotzinapa.
La búsqueda desesperada de un padre de su hijo secuestrado en 2007 llevó al descubrimiento de propiedades abandonadas donde un albañil de Tijuana llamado Santiago Meza, también conocido como “El Pozolero”, disolvió hasta 650 cuerpos en ácido cáustico para el cartel de Arrellano Félix. Dejó sus restos, en su mayoría pequeños fragmentos de huesos y dientes que no se disolvieron en el ácido, en casas parcialmente construidas en las que trabajó como albañil.
“Tuvimos que hacer el arduo trabajo de convertirnos en investigadores no por nuestra propia voluntad, sino forzados por las circunstancias, cuando las autoridades no hicieron su trabajo. Tuvimos que entrar (a las propiedades) nosotros mismos, además de las autoridades, para descubrir estas piezas”, dijo Fernando Ocegueda, el padre que descubrió las propiedades y fundó el grupo Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que organizó una decena de diferentes colectivos de padres.
Desde entonces, los miembros de la familia han arriesgado su propia seguridad para buscar a sus familiares desaparecidos en Tijuana. Se forman en grupos tanto con fines de protección como con fines políticos, a fin de presionar a los funcionarios estatales en mayor número.
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En Baja California, estos grupos de padres han localizado los cuerpos de 109 personas desaparecidas en lo que va de 2020, todos enterrados en fosas clandestinas en las laderas rurales de todo el estado, según Fernando Ortegoza, presidente de MOVED, un grupo de colectivos que representa a cerca de 120 padres.
El descubrimiento de Ocegueda en 2007 atrajo la atención de las fuerzas del orden internacionales y trajo respuestas a cientos de familias. Pero las desapariciones en Tijuana continuaron.
Ramírez, un obrero de 21 años, acababa de ser padre cuando desapareció en 2019.
Su familia se había mudado recientemente de Jalisco por motivos de trabajo, según su madre. Ramírez, su esposa y su pequeña hija de 6 meses se establecieron cuatro meses antes en el vecindario de Viñedos Casa Blanca, en el sureste de Tijuana, donde la renta es más barata, pero la delincuencia es mucho mayor.
Su madre, María Dolores, dice que las autoridades policiales de Baja California se han mostrado reacias a investigar la desaparición de su hijo. Así que ella misma ha estado reuniendo pistas.
Ella tiene un video de una cámara de vigilancia de la casa al otro lado de la calle donde desapareció, declaraciones del empleado de la tienda que supuestamente lo vio por última vez y registros de la fábrica fronteriza donde trabajaba.
Pero no puede acceder a los registros bancarios de su hijo sin la intervención de la policía.
“(La policía) no me ha dado una respuesta sobre la tarjeta bancaria de mi hijo. Él tenía una cuenta. Quiero saber si hubo algún cargo. Quiero ver los estados de cuenta”, dijo la semana pasada fuera de una propiedad abandonada en la Colonia Campos, un barrio del oriente de Tijuana. “Me dijeron que el banco no ha respondido a sus solicitudes”.
Dolores dijo que a pesar de que su hijo desapareció el 28 de enero de 2019, la fábrica de plásticos donde trabajaba tiene inexplicablemente registros que muestran que continuó presentándose a trabajar hasta el 4 de febrero.
“Tú no eres investigador y yo tampoco, pero ambos podemos ver, ‘Vaya, eso tal vez parece importante. Como una posible línea de investigación'”, dijo. “Pero hasta donde yo sé, (la policía) ni siquiera ha preguntado sobre eso”.
Eson Multiwin, la maquiladora con sede en Taiwán donde trabajaba Ramírez, no respondió a una solicitud de comentarios ni confirmó el último día de trabajo documentado de Ramírez. Un portavoz de la policía estatal, que dirige el equipo que investiga el secuestro, no respondió a las preguntas sobre el caso.
Al igual que la mayoría de otros padres que buscan a sus hijos desaparecidos, Dolores dijo que no sabe por qué las autoridades no le han respondido sobre los estados de cuenta u otras pistas en el caso de su hijo. Sólo sabe que los secuestros y las desapariciones en Tijuana son algo común y nunca atrapan a nadie.
David Contreras, un sargento detective retirado que sirvió durante 27 años en el Departamento de Policía de San Diego —la mayoría en el equipo de enlace fronterizo que recopila información de inteligencia en México— estimó que casi una cuarta parte de los policías municipales con quienes trató participaron en actividades corruptas. En su mayoría pequeños sobornos u otros delitos menores, no delitos mayores.
Aún así, Contreras, quien ha trabajado como investigador privado en Tijuana negociando pagos de rescate para familiares secuestrados, dijo que “no es raro” que la policía mexicana esté involucrada en secuestros.
“Si estamos hablando de empresarios ricos y exitosos en Tijuana, y no confían en las fuerzas del orden público en los casos de personas desaparecidas, entonces, ¿qué sucede con la gente común que no puede permitirse contratar a una empresa de Estados Unidos o Israel para negociar el regreso de su ser querido?”, se preguntó.
Un error común entre los estadounidenses es que los oficiales de policía municipal de Tijuana son comparables a la policía de EEUU, dijo Contreras. Describió sus deberes más como socorristas o guardias de seguridad, presentes sólo para asegurar una escena y llamar a una agencia más grande en los casos en que se necesita investigación.
“Para cuando la policía estatal llega, ya pasaron tres, seis, tal vez incluso 12 horas, y muchas de las pruebas han desaparecido”, dijo.
Emma Medrano, quien busca a su hijo desaparecido, un ciudadano estadounidense de San Diego, dijo que la policía le dijo que localizaron algunas de las casas vacías donde se encontraba su hijo. Ella dijo que la policía de Baja California trabajó diligentemente para encontrar a su hijo al principio, pero luego se rindió rápidamente.
“No responden a mis llamadas”, dijo. “Y el FBI no tiene esa información. Trabajan juntos, pero no comparten todo con el FBI. ¿Por qué?”.
Medrano se respondió a sí misma. “Buscaron hasta que descubrieron quién lo hizo”, dijo. Ella cree que las autoridades están “involucradas … con alguien poderoso … alguien con dinero”.
Un portavoz estatal dijo que la policía continúa investigando muy activamente el caso de su hijo y está trabajando con las autoridades estadounidenses. Una portavoz del FBI dijo que la agencia no puede confirmar o negar la existencia de una investigación.
En 2013, Human Rights Watch encontró que entre en más de la mitad de las desapariciones forzadas que se documentaron en México, había “evidencia contundente de que actores estatales participaron en el crimen, ya sea actuando por su cuenta o colaborando con grupos criminales”.
Como mínimo, dicen los expertos, la incapacidad de las fuerzas del orden mexicano para encontrar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia es otro síntoma de una crisis mayor de impunidad por la violencia.
En Baja California, menos del 2% de los secuestros se resuelven y menos del 4% de los homicidios resultan en condenas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México de 2010 a 2016.
En años más recientes, la asombrosa tasa de homicidios de Tijuana le le valió que Seguridad, Justicia y Paz le impusiera el título de “la ciudad más violenta del mundo”. Seguridad, Justicia y Paz es una organización sin fines de lucro liderada por ciudadanos mexicanos.
“Cuando nosotros o estos grupos encontramos cadáveres, esas cifras se incluyen en el recuento de homicidios del año actual, incluso si las muertes tal vez ocurrieron hace una década”, dijo Isaías Bertín Sandoval, secretario de seguridad de Baja California, durante una conferencia de prensa el mes pasado.
Bertín, quien es parte de una nueva administración, ha indicado que las autoridades estatales se reúnen con las fuerzas del orden federales y grupos de derechos humanos para abordar el problema histórico de desapariciones forzadas de Baja California y brindar más asistencia a los grupos de padres.
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Sus esfuerzos se notan entre padres e investigadores, pero la mayoría dice que no es suficiente.
“La tendencia interesante es que los municipios aceptan cada vez más que su obligación con las familias de los desaparecidos es, como mínimo, no interponerse en las búsquedas”, dijo Michael Lettieri, investigador principal de derechos humanos en el Centro de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de California en San Diego.
El domingo, Bertín dio una conferencia de prensa luego de que se reportaran 16 homicidios en Baja California durante unas pocas horas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Aunque nadie había sido arrestado por esos crímenes, informó que un puñado de presuntos vándalos habían sido capturados y estaban detenidos en la cárcel después de que una protesta en el centro de Tijuana dejara daños a varios negocios privados y edificios de la ciudad.
En 24 horas, los presuntos vándalos estarían frente a un juez y serían acusados de daños intencionales a propiedad ajena y vandalismo a negocios e instalaciones urbanas, dijo Bertín.
El grupo protestaba por el caso de los 43 estudiantes universitarios desaparecidos de Ayotzinapa.