Entre el chillido de las aves, las plumas ensangrentadas y el rugido de la multitud, Laura Green estaba realizando una venta de liquidación en la pelea de gallos.
Green ha pasado los últimos 12 años haciendo cosas que solo un peleador de gallos necesitaría: cubiertas para las patas de las aves, kits médicos especializados, gallos falsos utilizados para entrenamiento. Vende sus productos en el foso de las peleas de gallos en la capital de Puerto Rico. Es dinero del que depende para complementar sus ingresos del Seguro Social y para cuidar de su madre enferma en San Juan.
Salvo un indulto de última hora, el 20 de diciembre, las peleas de gallos se volverán ilegales en la isla, poniendo fin a una tradición de 400 años. Y aun cuando los activistas por los derechos de los animales celebran la ordenanza, esta está poniendo en riesgo el sustento de miles de personas en un momento en que Puerto Rico necesita desesperadamente empleos.
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También plantea interrogantes sobre la autodeterminación y la democracia en este territorio estadounidense, que está gobernado por Washington pero que tiene poca influencia sobre los que determinan su destino.
“Nadie quiere comprar estas cosas ahora porque pueden ser inútiles en un par de semanas”, dijo Green, señalando a su mesa plegable de parafernalia para peleas de gallos. “Para mí, personalmente, esto va a ser horrible, probablemente tendré que vender mi casa”.
Las peleas de gallos han sido ilegales en los 50 estados desde 2007, cuando Luisiana finalmente prohibió la práctica. Pero todavía están permitidas en los territorios de Estados Unidos: Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Sin embargo, esa laguna comenzó a cerrarse el año pasado, cuando Donald Trump firmó la Ley Agrícola de 2018, dando a la industria un año para suspender su actividad.
Las granjas de cría y 71 establecimientos de peleas de gallos registrados en Puerto Rico generan aproximadamente 65 millones de dólares al año y representan a más de siete mil 200 empleos directos e indirectos, según un informe encargado por la organización de peleas de gallos más grande de la isla y adoptado por el gobierno local.
Fundamentalmente, la industria es uno de los cimientos de la economía rural, un sector que ha sido impactado duramente por una recesión de una década y que todavía se está recuperando del huracán María en 2017. La tasa de desempleo de Puerto Rico es del 7.7 por ciento (aproximadamente el doble queen el continente) pero es mucho más alta en algunas zonas rurales empobrecidas.
Adrián Guevares, de 41 años, dirige una granja de gallos enMorovis y una arena de pelea de gallos en Ciales, ambas en el altiplano central de la isla. Junto con su padre, ha invertido más de 600 mil dólares en la operación durante los últimos 30 años, y emplea a más de 20 personas, muchas del as cuales tendrá que despedir el próximo año.
“Esto nos va a devastar”, señaló. “Este es mi negocio, mi forma de vida. Dependo de esto para criar a mis hijos, pagar mi seguro médico, hacer los pagos de mi auto. No estoy preparado para que esto termine”.
La legislatura de Puerto Rico está tratando de proporcionar una vía de salvación. Recientemente aprobó un proyecto de ley que esencialmente requeriría que las peleas de gallos se convirtieran en una industria”hiperlocal”.
Entre sus disposiciones, los criadores de gallos de pelea no podrían exportar sus aves ni anunciar sus peleas de gallos en las redes sociales (que podrían verse fuera de la isla); además, dejarían de aceptar tarjetas de crédito o transferencias bancarias. Paralelamente al esfuerzo legislativo, los abogados de la industria han solicitado una orden judicial en Boston para evitar que la Ley Agrícola entre en vigor.
Aunque la gobernadora Wanda Vázquez firme la ley antes de la fecha límite, no hay garantía de que mantendrá a los federales a raya, dijo Orlando Vargas, presidente del Club de Peleas de Gallos de San Juan, la organización más grande de la isla.
En el mejor de los casos, el proyecto de ley puertorriqueño podría desencadenar una confrontación legal que podría hacer que la industria gane tiempo, expuso.
“Sabemos que esta es una batalla cuesta arriba”,describió. “Pero esta es una tradición que forma parte del folklore de Puerto Rico. Llevamos 400 años haciendo esto, desde la colonización española, y perderlo sería perder parte de nuestra historia”.
El argumento contra las peleas de gallos es sencillo: Los críticos dicen que no hay lugar en la sociedad moderna para un “deporte” cruel que obliga a las aves a mutilarse unas a otras con espuelas afiladas, a menudo hasta la muerte, mientras los espectadores apuestan por sus posibilidades de supervivencia.
“Si bien es cierto que las peleas de gallos se han practicado durante siglos en varios países, (entre ellos Estados Unidos), ‘antiguo’ no significa necesariamente correcto o incluso aceptable”, argumenta la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos. “En una época, Estados Unidos permitía la esclavitud, carecía de leyes contra el abuso infantil y negaba a las mujeres el derecho al voto”.
También hay preocupación por las apuestas ilegales y no reguladas que rodean las peleas de gallos. En cualquier pelea en Puerto Rico, fajos de dinero en efectivo cambian de manos después de cada combate.
Pero si Washington quiere tomar una postura contra la crueldad hacia los animales, debería comenzar más cerca de casa, sugiere GerardoMora Pagán, jefe de la Comisión Puertorriqueña de Peleas de Gallos dentro del Departamento de Recreación y Deportes.
Las peleas de gallos en Puerto Rico están fuertemente reguladas, proveen ingresos muy necesarios para el gobierno y no son más censurables que otras actividades amadas en Estados Unidos como las carreras de caballos, los rodeos o incluso el boxeo o el fútbol americano, comparó.
“¿Quieres hablar de crueldad? Hay millones de cazadores en Estados Unidos que disparan a los ciervos, los decapitan y luego montan sus cabezas en la pared como trofeo y nadie dice nada al respecto”, criticó.”Pero tenemos gente en el Congreso que ni siquiera sabe dónde está Puerto Rico y nos van a quitar la industria de las peleas de gallos”.
Viviendo en un territorio no incorporado de los Estados Unidos, los puertorriqueños son efectivamente ciudadanos estadounidenses con poca influencia en el continente. Los residentes de la isla no pueden votar por el presidente de Estados Unidos y no tienen miembros con derecho a voto en elCongreso. No es de extrañarse que las decisiones tomadas en el Capitolio se consideren a menudo como imposiciones frías e injustas, un golpe al derecho dela isla a la autodeterminación.
Jorge Pedroza es un veterano de la Guerra de Vietnam de Puerto Rico que lleva una copia de la Constitución de los Estados Unidos en su bolsillo. La semana pasada visitó Washington para hablar con los legisladores sobre cómo la cría y las peleas de gallos les han ayudado a él y a muchos delos más de 300 mil veteranos puertorriqueños a superar el Trastorno de Estrés Postraumático. Él cría más de 100 aves en su granja y es inflexible en cuanto a conservarlos.
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“No voy a renunciar a ellos, la Constitución me respalda, esta es mi propiedad y no pueden llevarse mi propiedad”, afirmó en una reciente noche de la semana, cuando se unió a otros peleadores de gallos en un mitin fuera de la mansión del gobernador. “Esto no es negociable. No voy a negociar algo impuesto a Puerto Rico que vaya en contra de laConstitución”.