Una pequeña de 3 años observaba con curiosidad, desde las faldas de su mamá, cómo una intérprete en la corte de inmigración en Chicago le explicaba a Ingrid Maradiaga, por medio de audífonos, que podrán permanecer en el país hasta el año 2020.
Su hermanito César, de 9 años, estaba sentado al lado de ellas, algo inquieto, mientras Maradiaga suspiraba aliviada porque los tres estarían juntos y seguros otros dos años. Durante ese tiempo, emplazado por la juez de inmigración Elizabeth J. Lang, César podrá continuar yendo al 4to grado en una escuela de Waukegan y Maradiaga podrá seguir trabajando en la limpieza doméstica.
Tal como ellos, cientos de niños se presentan diariamente en corte de Inmigración con la esperanza de que sus casos sean aprobados y se les permita quedarse en Estados Unidos.
La madre hondureña de 29 años ingresó a Estados Unidos en octubre de 2016 con su hija, también llamada Ingrid; poco después cruzaron su esposo y su hijo César. En Honduras, la pareja era propietaria de un negocio pequeño, pero cuando su esposo fue testigo del homicidio de su amigo perpetrado por las pandillas, tuvieron que huir por su seguridad, contó la mujer.
“La situación está muy peligrosa. Hay mucha delincuencia en todo el país, y ahora allá a uno lo matan por cualquier cosa. Por lo que sea le quitan la vida a uno”, comentó la madre al salir de la corte la semana pasada.
Maradiaga dice que no sabe nada de su esposo desde que el caso de él se complicó, desapareció. En una audiencia ella logró que el caso de su hijo se integrara con el suyo y el de su hija.
En la corte más reciente, en el quinto piso del Congress Center, 525 W. Van Buren St., el abogado de Maradiaga, Michael G. Moyse, argumentó ante Lang que el caso de la familia ha “tenido muchos cambios”, entre ellos un abogado que abandonó su caso repentinamente sin rendirles cuentas.
Luego de escuchar sus testimonios, Lang dictaminó que el caso iniciará de cero, “el reloj volverá a comenzar”, dijo Maradiaga. “Empezar el caso de nuevo. Gracias a Dios la jueza dijo que sí, todo va empezar de nuevo desde hoy. Es bueno porque vamos a ganar tiempo y vamos a podernos preparar mejor”.
Su próxima corte está programada para septiembre de 2020.
Serán meses de incertidumbre para esta familia en vista que la administración Trump cada vez endurece más las posibilidades de obtener asilo.
Con la implementación de una política migratoria de cero tolerancia, el gobierno federal amplió las restricciones para ser elegibles para asilo, lo cual complica los casos de centroamericanos que huyen por las amenazas de pandillas, narcotraficantes o de la violencia doméstica.
“Estoy manejando varios casos de asilo como este”, comentó Moyse. “Los resultados en este momento no están del todo seguros porque las fechas de las cortes están muy lejos, especialmente con la nueva decisión de asilo de Jeff Sessions, que está haciendo mucho más difícil que se apruebe el asilo.”
Un estudio de la Universidad de Syracuse indica que pueden transcurrir más de cuatro años para que se decidan los casos de asilo político. Y señala que si bien las aprobaciones de asilo aumentaron desde 2015, las solicitudes que fueron negadas también crecieron y más rápido. El 78% de solicitudes de Honduras fueron denegadas entre el 2012 y el 2017.
“César tiene 9 años y ya habla un inglés perfecto, y están participando en la comunidad”, agregó el abogado. “Éste no es el tipo de personas que la administración considera delincuentes. Estas son familias que han huido de sus países de origen por razones legítimas, porque temen por sus vidas”.
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Ante ese panorama, el martes varias familias afectadas por la crisis en la frontera dieron testimonio ante el Comité de Derechos Humanos del Concilio Municipal de Chicago, la finalidad es que la Ciudad emita una resolución para terminar con la separación de familias. Esperan que una resolución pase del Concilio al Condado, y después se dirigirán a Springfield, para crear un consenso en Illinois.