María nunca llamó a la Policía, ni siquiera cuando su novio le apretó el cuello lo suficiente como para dejarle moretones, contó.
Él pertenece a una pandilla, relató la mujer; y ella temía que la matara si lo denunciaba. María es indocumentada en Estados Unidos, y explicó que temía que el gobierno la deportara a México, de donde se fue en 1998.
Abogados y defensores de las víctimas de violencia doméstica afirman que bajo las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump —que incluyen planes para incrementar las deportaciones de indocumentados— las inmigrantes víctimas de violencia doméstica tienen más miedo que antes de denunciar el abuso. Algunas temen que su pareja, a menudo el padre de sus hijos, sea deportado y separado de su familia. Otros, como María, temen que la denuncia termine en su propia deportación.
Después de que María terminó con la relación abusiva, él argumentó en un informe al Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) que el nuevo novio de ella abusaba de su hija. DCFS no encontró evidencia de tales afirmaciones, dijo; pero María, temiendo que una prolongada batalla judicial pudiera ponerla en riesgo de ser deportada y separada de su hija para siempre, recientemente decidió renunciar a la custodia primaria de la niña.
“Cada vez que me siento a salvo” se le ocurre otra razón para ir a la corte, dijo María, quien pidió que no se revelara su apellido. “Esto no se detiene”, agregó.
Dado que los agentes federales de inmigración pueden ingresar a los tribunales, algunas mujeres tienen miedo de solicitar órdenes de protección o testificar, lo cual podría hacerlas elegibles para una visa especial otorgada a las víctimas de un crimen. Otros, particularmente los musulmanes, quieren evitar llamar la atención, especialmente dado el surgimiento de la retórica antiislámica desde la elección de Trump.
“Muchos clientes tienen miedo de ir a la corte y tienen que decidir si quieren continuar con sus casos judiciales”, comentó Ginger Devaney, abogada de Chicago’s Domestic Violence Legal Clinic. “Podrían tener la oportunidad de obtener una visa (especial), pero corren el riesgo de ser detenidas en el juzgado”.
Desestimar el caso “podría ponerlas en peligro y hacerlas perder una oportunidad de alivio migratorio”, agregó. “Esto es muy malo para muchas personas”.
Para minimizar el riesgo de las víctimas de violencia doméstica indocumentadas, Devaney dijo que la clínica ha estado trabajando para trasladar sus servicios que no son de emergencia a un lugar desconocido. Sin embargo, la mayoría de las clientes necesitan órdenes de protección de emergencia, por lo cual la clínica en sí debe mantenerse en el juzgado; por lo que a las personas que llaman a la línea telefónica se les advierte sobre el riesgo, explicó Devaney.
“Creemos que es un riesgo muy pequeño, pero no podemos asegurar que en el tribunal estén a salvo”, agregó.
Las solicitudes de visas U, la visa especial otorgada a víctimas de delitos, han disminuido entre los clientes de Devaney, según indicó. Aunque a las mujeres se les concede un aplazamiento de la deportación mientras esperan a que sus visas sean aprobadas, ese proceso podría tomar años debido a un tope nacional anual de 10,000 visas y las mujeres no son elegibles para permisos de trabajo durante el período de espera. Muchas no pueden darse el lujo de esperar y no quieren ponerse en el radar del gobierno durante tanto tiempo, añadió Devaney.
“El hecho que ahora las víctimas tengan más miedo (de denunciar o) presentarse (en corte) es malo para todos”, dijo Devaney. “Una razón por la que las fuerzas de seguridad apoyaron el programa de visas U es porque si los inmigrantes tienen miedo de presentarse (en corte), las personas que cometen los crímenes permanecerán libres. ¿Quién nos puede decir si la próxima víctima no será una ciudadana?
Si bien la protección de las víctimas de violencia doméstica ha sido en gran parte una cuestión bipartidista, algunos legisladores han sido cautelosos con demasiadas disposiciones para las personas que viven aquí ilegalmente. Algunos han abogado por más medidas antifraude para evitar que los indocumentados hagan falsas acusaciones de abuso para salir de un matrimonio y obtener una tarjeta verde.
El reverendo Chuck Dahm, pastor de la iglesia católica San Pío V en Pilsen, dice que las indocumentadas en Estados Unidos siempre han temido a denunciar a un compañero abusivo, ya que esa persona suele ser el padre de sus hijos y el sostén económico de la familia. Aunque el temor es más fuerte ahora.
“Debido a los cambios que Trump ha hecho en la aplicación de la ley —buscar a los inmigrantes en sus hogares o esperarlos fuera— las víctimas son aún más reticentes de lo que ya eran, tienen miedo de que Inmigración vaya a buscar al cónyuge abusivo y en vez de llevárselo, se las lleve a ellas”, dijo Dahm. “No se puede subestimar el temor por el que atraviesa la comunidad”.
Para una mexicana de 30 años que reside en los suburbios de Chicago, una petición especial disponible para las víctimas de abuso conyugal se convirtió en su único camino a la ciudadanía, después de que su esposo le retiró el apoyo en su solicitud de la residencia legal y amenazó con matarla. Sus abogados le sugirieron que la solicitara sin él y bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
Cada vez que ella dejaba a su hija con sus abuelos para comparecer en corte para los procedimientos de divorcio, ella dejaba instrucciones sobre qué hacer si no regresaba.
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“Incluso ir a la corte era algo extremadamente temido, por todas las amenazas del presidente”, dijo la mujer, quien pidió que su nombre no se utilizara.
Aunque no hay límite en las peticiones de VAWA, y las mujeres que presentan una solicitud con éxito pueden solicitar permisos de trabajo, las parejas deben haber estado legalmente casadas y el cónyuge abusivo debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Si la pareja sólo vivía en pareja, sólo tienen hijos o sólo están casados por la iglesia, las víctimas de violencia doméstica no son elegibles para el beneficio bajo esa ley, que el Congreso volverá a examinar el próximo año.
Eso puede ser un problema para algunos musulmanes cuyos matrimonios religiosos no son reconocidos en los Estados Unidos, comentó Aisha Rahman, directora ejecutiva de Karamah, un grupo nacional de mujeres musulmanas y expertos legales que entrenan a otros abogados para equilibrar la ley americana e islámica y proporcionan referencias a las mujeres en busca de un abogado.
Rahman y otros defensores también apuntan a una cláusula en la orden ejecutiva de Trump —que pide prohibir la entrada al país de refugiados de seis países de mayoría musulmana— lo cual aísla más a algunas víctimas de violencia doméstica.
La medida ordena al Departamento de Seguridad Nacional que rastree los llamados asesinatos de honor cometidos por ciudadanos extranjeros en Estados Unidos. Los musulmanes dicen que la práctica, que se refiere a los asesinatos de mujeres que avergüenzan a sus familias por “comportamiento sexual impropio”, no se justifican por su fe.
Los defensores de las víctimas dicen que destacar los asesinatos por honor en la orden ejecutiva contribuye al sentimiento antiislámico y hace que algunas víctimas musulmanas de violencia doméstica tengan más miedo de presentarse.
“Muchas veces la razón por la que las mujeres musulmanas no informan o no buscan servicios es que se les da esa clase de interacción islamofóbica”, dijo Nadiah Mohajir, cofundadora y directora ejecutiva de HEART Women & Girls, una agencia de Chicago que promueve la prevención de la interacción sexual y violencia sexual en las comunidades musulmanas.
Neha Gill, directora ejecutiva de Apna Ghar, una agencia de Chicago dedicada a poner fin a la violencia de género en las comunidades de inmigrantes, dijo que la reticencia de las víctimas a involucrarse en el sistema de justicia penal ha llevado a su organización a enfatizar otras opciones para las mujeres.
“Nuestra forma de responder es hacer un acercamiento, específicamente hacia los supervivientes, ayudándoles a entender lo que está disponible”, dijo Gill. “Su protección no siempre está vinculada al castigo del abusador”.