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Por JAVIER CÓRDOBA y MARÍA VERZA

SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica, considerado durante décadas una isla de paz en la convulsa Centroamérica, ahora tiene en la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales objetivos. Para combatirlo, el gobierno ha optado por una política de mano dura y la construcción de una cárcel de alta seguridad donde recluirá a sus criminales más peligrosos.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, que será inaugurado el miércoles por la presidenta Laura Fernández, emula al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) erigido por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien logró reducir los asesinatos a un mínimo histórico pero acumula denuncias por abusos durante el estado de excepción que rige desde 2022 en su país y que ha dejado más de 91.000 encarcelados.

La nueva prisión costarricense, levantada en el centro del país a un costo de 35 millones de dólares y con capacidad para 5.100 presos, fue una promesa del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y podría aliviar la superpoblación penal que supera el 46%, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una entidad oficial.

“Ahora vemos asesinatos en todos lados, mucha gente tiene miedo aunque no tenga nada que ver con los narcotraficantes”, dijo a The Associated Press el administrador de empresas Carlos Ávila.

La ruta de la cocaína hacia Europa

Costa Rica fue durante décadas una zona de tránsito “pasivo” de drogas provenientes de Sudamérica, de acuerdo con la organización Insight Crime. Pero sin ejército, con mucha selva y puertos en ambos océanos, comenzó a ser atractivo para los cárteles mexicanos y colombianos.

A fines de la década pasada una nueva terminal de carga convirtió el caribeño puerto de Limón en un punto de almacenamiento y transbordo de cocaína hacia Europa, según el Departamento de Estado estadounidense que, en un informe de 2025, también detectó la distribución de fentanilo en el país centroamericano.

Ahora están presentes en el país los dos grandes cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco; el colombiano Clan del Golfo, el venezolano Tren de Aragua —todos considerados terroristas por Estados Unidos— y mafias italianas mientras proliferan los cárteles locales, explicó Vanda Felbab-Brown, investigadora de crimen organizado del centro de estudios Brookings Institution.

Siguiendo los pasos de Bukele

La rivalidad entre los cárteles “empujó a sus representantes locales a enfrentarse entre sí y provocó un aumento de los homicidios” en Costa Rica, explicó Felbab-Brown. El pago a esas bandas con droga desarrolló mercados locales que incrementaron aún más la violencia.

En 2023 Costa Rica registró el récord de 907 homicidios, cifra que ha descendido levemente, y el gobierno reconoció la presencia del crimen organizado.

La inseguridad, aunque lejana a la Ecuador o México, se convirtió en la mayor preocupación de los costarricenses y fue un punto clave en la elección de Fernández.

Durante su mandato, el expresidente Chaves —actual ministro de la Presidencia y de Hacienda— volvió los ojos a Bukele en busca de ejemplos a seguir. Primero lo condecoró y luego envió a su ministro de Seguridad a conocer el CECOT.

Bukele donó al gobierno de Costa Rica el diseño de la cárcel que se ha convertido en símbolo de su política de seguridad y que cada vez imitan más gobiernos latinoamericanos.

En Ecuador, uno de los países más violentos de la región, Daniel Noboa abrió una cárcel similar el año pasado. En tanto, la peruana Keiko Fujimori acaba de anunciar un viaje a El Salvador en busca de soluciones ante el aumento de los homicidios y la extorsión.

Extradiciones, la otra vía contra el crimen

Chaves optó por otra herramienta contra el crimen: en 2025 llevó adelante una reforma de la constitución para permitir que los costarricenses puedan ser extraditados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

En marzo de este año tuvieron lugar las primeras extradiciones a Estados Unidos, entre otras la de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de la Corte Suprema, acusado de narcotráfico.

En los últimos meses ha habido sonadas detenciones como la de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el narcotraficante más buscado del país, y la presidenta anunció investigaciones a dos centenares de policías.

Mientras tanto Costa Rica se mantiene como firme aliado de Trump con acuerdos para recibir a migrantes deportados e integra el Escudo de las Américas que, de momento, implica patrullajes marítimos conjuntos pero sin operaciones terrestres.

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Verza reportó desde Ciudad de México.