Por ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES (AP) — Argentina solicitó el martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar “medidas provisionales” para impedir la explotación de hidrocarburos avalada por Gran Bretaña en aguas de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El gobierno del presidente Javier Milei concretó el pedido ante el organismo judicial con sede en Hamburgo después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que le había concedido a Londres para que frenara un proyecto encabezado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la firma israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited.
El proyecto Sea Lion cuenta con el aval de las autoridades de las islas situadas en el Atlántico Sur que están bajo dominio británico y se denominan Falklands en inglés. Argentina, que las reclama desde 1833, libró una guerra con Gran Bretaña por su soberanía en 1982 en la que resultó derrotada.
Un comunicado de la Oficina del Presidente señaló que la presentación busca preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental y evitar que “las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Precisó que la medida se enmarca en el proceso arbitral que el gobierno inició el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se sustenta en un artículo de esa normativa que estipula que mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral “cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar… medidas provisionales” para preservar sus derechos.
Londres acusa de “coerción económica” a Buenos Aires
En reacción a la decisión de Argentina, Uma Kumaran, subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, afirmó el martes en la Cámara de los Comunes que el país sudamericano intenta utilizar “medidas que exceden su jurisdicción” como forma de presión.
Indicó que el yacimiento Sea Lion en la plataforma continental de las islas Malvinas es “legal y está regulado” por el gobierno del archipiélago “elegido democráticamente” y que “Argentina no tiene jurisdicción alguna sobre él”.
“Este gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Argentina utilice la coerción económica contra la población de las islas Malvinas. Haremos todo lo que sea necesario para apoyarla”, sostuvo Kumaran, quien acusó a Milei de utilizar a los isleños como un instrumento político de cara a las elecciones de 2027 en Argentina en las que buscará la reelección.
En tanto, el primer ministro británico Andy Burnham dijo el lunes en la misma cámara que hará “lo que sea necesario” para respetar la voluntad de los habitantes de las islas de “seguir siendo británicos”.
More Top Picks Best Pet Dna Test Kits
Destacó que insistió en este punto en su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
Trump, aliado de Milei, afirmó en una entrevista periodística a principios de septiembre que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica de las islas.
Envalentonado por esa afirmación, Milei presentó un proyecto de ley para sancionar a petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina y anunció la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago.
El gobierno británico le comunicó luego a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, “que los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita” en las islas eran “intentos deliberados de socavar la seguridad económica de un pueblo autónomo”.
Londres afirmó entonces que las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas están reguladas por la legislación del archipiélago y se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar.
——————————-
La periodista de AP en Londres, Jill Lawless, colaboró en esta nota.