El 8 de septiembre de 2025, el gobierno federal invadió Chicago. En la Operación Midway Blitz, el presidente Donald Trump y sus altos funcionarios desplegaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza por toda el área de Chicago, en una operación brutal e injustificada diseñada para criminalizar a los inmigrantes, incitar al desorden civil y aterrorizar a nuestras comunidades. Esa operación también demostró la fortaleza de nuestra comunidad.
Trump prometió deportar a delincuentes. Pero la realidad en Chicago fue una ola de violencia perpetrada por agentes enmascarados contra civiles no violentos y sin antecedentes penales. Agentes de ICE mataron a Silverio Villegas González —un padre que acababa de dejar a sus hijos pequeños en la escuela— y luego mintieron al respecto. El agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martínez, una maestra asistente, y luego se jactó de ello.
Los agentes sometieron a personas a perfiles raciales, rociaron gas pimienta en los vecindarios, arrebataron a niños de los brazos de sus padres y llevaron a cabo redadas de estilo militar. Estas acciones se enfocaron en las personas basándose en el color de su piel y en sus ocupaciones: trabajadores de la construcción, jardineros, vendedores ambulantes y jornaleros. Estas personas permanecieron recluidas en condiciones deplorables en el centro de detención de ICE en Broadview. Para agravar la situación, los agentes golpearon y detuvieron a manifestantes.
Mi nieto de 8 años nunca olvidará haber visto y escuchado helicópteros volando a baja altura sobre nuestra casa en La Villita. Estaba asustado y, a veces, me costaba encontrar las palabras para explicarle lo que estaba sucediendo.
Los agentes intentaron arrebatarnos la dignidad y dividir a nuestra comunidad, pero el área de Chicago se organizó. Armados con silbatos, teléfonos y la Constitución, encaramos a estos agentes violentos y desafiamos su abuso de autoridad. Los organizadores de respuesta rápida mantuvieron informada a la comunidad. Voluntarios locales y organizaciones comunitarias coordinaron grupos de acompañamiento a pie y sistemas de transporte compartido para llevar a los niños a la escuela de manera segura. Iglesias y organizaciones sin fines de lucro entregaron alimentos a quienes tenían demasiado miedo para salir.
Colaboré con una coalición de funcionarios locales, estatales y federales para garantizar una respuesta y una oposición coordinadas; entre otras acciones, apoyé la iniciativa exitosa del Fiscal General Kwame Raoul para lograr la retirada de la Guardia Nacional del área de Chicago después de que Trump intentara desplegar tropas aquí. Traje a nuestra comunidad a una delegación de casi 20 miembros del Congreso para que conocieran de primera mano estos abusos y la respuesta de nuestra comunidad.
Asimismo, trabajé con mis colegas del Congreso para ejercer una supervisión constante de las instalaciones de Broadview, donde fuimos testigos directos de un sistema diseñado para quebrantar a las personas. Lideré las labores de supervisión relacionadas con el tiroteo contra Villegas González y el intento de asesinato de Martínez, y aproveché mi posición en el Caucus Progresista y en el Comité Judicial para asegurar que los demócratas se negaran a otorgar ni un dólar más al Departamento de Seguridad Nacional.
Ante una oposición y movilización masivas, el gobierno federal terminó por retroceder en gran medida. Un año después de esta incursión, la gente de Chicago es más fuerte, pero muchos siguen asustados y traumatizados. Se han destruido familias y los pequeños negocios aún intentan recuperarse del impacto económico de las redadas. En La Villita, una zona que genera colectivamente 1.000 millones de dólares en ventas anuales, muchos negocios reportaron caídas en sus ingresos de hasta el 50 % comparado con el año anterior, ya que la gente temía salir de casa para hacer compras o ir a trabajar.
Hoy en día, seguimos viendo a estos agentes en el área de Chicago. Nunca se fueron; simplemente operan con mayor discreción. Organizaciones comunitarias confirmaron cerca de 45 operaciones de control migratorio en diversos vecindarios de Chicago el pasado mes de mayo, el doble que en abril. Continúan actuando con impunidad, y nuestros tribunales de inmigración se utilizan para celebrar audiencias masivas que anulan cualquier noción de debido proceso.
Los esfuerzos para exigir responsabilidades a estos agentes por sus delitos avanzan, a pesar de las mentiras y la resistencia de la administración. Illinois es el primer estado que investiga la conducta indebida de las fuerzas del orden federales durante la segunda administración Trump y elabora un informe exhaustivo con sus hallazgos. La Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois (Illinois Accountability Commission) ha sido sumamente eficaz a la hora de generar un registro público detallado y realizar las remisiones legales oficiales pertinentes sobre la conducta de los agentes de inmigración durante la operación “Midway Blitz”. Las pruebas son abrumadoras; permitir que estos delitos sigan sin ser procesados enviaría el mensaje de que los criminales gozan de impunidad por sus actos atroces si trabajan para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ya es hora de que el fiscal del condado de Cook procese estos delitos, tal como lo ha hecho Minnesota.
Si bien la responsabilidad individual es fundamental, también necesitamos una reforma estructural. La operación Midway Blitz no hizo más que reafirmar mi convicción, sostenida desde hace tiempo, de que debemos desmantelar el DHS. Necesitamos un sistema de control fronterizo y de aplicación de las leyes de inmigración que cumpla con la legalidad, incorpore medidas sólidas de supervisión y rendición de cuentas, y garantice nuestra seguridad; no uno que siembre muerte y destrucción.
Han pasado 40 años desde la última vez que contamos con una verdadera reforma migratoria. El Congreso debe aprobar la Ley del Sueño Americano y la Promesa (American Dream and Promise Act), la cual otorgaría protecciones legales permanentes y una vía clara hacia la ciudadanía a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS). Mis colegas de la Cámara de Representantes y yo estamos impulsando una iniciativa para forzar su votación en el Congreso; hasta ahora, todos los demócratas (salvo uno) y dos republicanos la han respaldado. Debemos lograr que este proyecto de ley se apruebe definitivamente y ofrecer a las personas una oportunidad real de salir de las sombras.
Y cuando los demócratas recuperen el Congreso y, finalmente, la Casa Blanca, deberán tomar medidas en materia de inmigración: comunidades como la de Chicago y sus alrededores no pueden esperar más.
El congresista federal Jesús “Chuy” García representa al 4 Distrito Congresional de Illinois.