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Abel Orozco llegaba a casa después de comprar tamales para su familia, como hacía la mayoría de los fines de semana desde hacía 30 años. Desayunaban y se dirigían a la iglesia.

En lugar de eso, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron al inmigrante mexicano a las puertas de su casa en los suburbios de Lyons sin una orden federal. Ahora, casi seis meses después, sigue detenido.

Abogados especializados en inmigración y derechos civiles sostienen que su detención no sólo fue injusta, sino ilegal. Gracias al vídeo que grabó su hijo de la detención, Orozco se ha convertido en el rostro de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el ICE. Los abogados dicen que las dos agencias gubernamentales violaron los derechos constitucionales de Orozco y de al menos otras 25 personas, incluido un ciudadano estadounidense, durante la primera semana de aumento de la aplicación de la ley de inmigración en el área de Chicago después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

“No estoy acostumbrado (a hablar en público), es algo que me resulta muy incómodo y vergonzoso”, dijo su hijo Eduardo Orozco al Tribune. “Pero aunque me sienta así, tengo que hacerlo por mi padre y porque hay muchas otras personas que nos están apoyando”.

El padre, de 47 años, no tiene antecedentes penales. Sin embargo, es el único demandante que sigue detenido. Uno fue deportado. El resto han sido puestos en libertad.

“Estamos enfadados y preocupados”, afirma su hijo. “Espero que el juez pueda ver lo que vivimos el domingo por la mañana y dicte una sentencia a favor de mi familia y de todas las familias afectadas por la crueldad de los agentes del ICE”.

Un juez federal escuchó los argumentos a principios de este mes para una moción presentada por abogados de inmigración y defensores que argumentaron que los oficiales de DHS e ICE violaron las políticas de arresto sin orden judicial en medio de arrestos generalizados en la región de la oficina de campo de Chicago en enero.

La moción, presentada en marzo de este año, se centra en 25 personas que fueron detenidas, incluido un ciudadano estadounidense, en la muy publicitada operación de control de la administración Trump durante el invierno. Al realizar los arrestos, el gobierno federal supuestamente fue en contra tanto de las leyes de inmigración como de la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno, argumentan los demandantes.

“Parece como si hubiera violaciones repetidas”, dijo Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, en su alegato final ante el juez. “Existe una preocupación real de que no estén cumpliendo la ley”.

Fleming pidió al juez Jeffrey Cummings, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, que estudiara si las detenciones practicadas por el ICE en enero violaban el acuerdo Castañon Nava de 2022, que establece que el ICE debe cumplir dos criterios para practicar una detención sin orden judicial: causa probable de que alguien se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y que la persona presenta riesgo de fuga.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el ICE ignoró esas normas cuando detuvo a personas en enero sin causa probable y antes de que se cumplimentaran las órdenes judiciales. En cuanto a Orozco, Fleming dijo que los agentes federales supuestamente crearon una orden administrativa mientras estaba esposado.

El acuerdo de conciliación de Castañon Nava, que expiró el 13 de mayo, había sido el resultado de varias redadas del ICE en el área de Chicago en 2018 que, según el NIJC, condujeron a las detenciones colaterales de cientos de personas en paradas de vehículos y sin órdenes judiciales. Las detenciones colaterales, o la detención de personas que no son objetivos, se han vuelto más comunes a medida que el gobierno federal aumenta las cuotas diarias de personas detenidas.

Chicago father becomes face of lawsuit against ICE as judge hears challenge to warrantless arrests

Fleming describió un patrón de acciones de aplicación imprudentes e ilegales después de que el presidente Trump juró su cargo y prometió comenzar deportaciones masivas en Chicago. En algunos casos, dijo, los agentes de ICE llevarán consigo órdenes de arresto en blanco.

“Eso no me sienta bien”, dijo el juez Cummings, después de pedir ver una copia del formulario en blanco.

Los abogados defensores William H. Weiland y Craig Oswald defendieron sus políticas, afirmando que no hay nada inapropiado en el uso de órdenes judiciales por parte de la agencia y que el ICE tiene derecho a continuar con esta práctica.

Fleming se centró en el caso de Abel Orozco, que permanece detenido en un centro de detención en Indiana a pesar de la creciente presión legal y comunitaria para su liberación.

Abel Orozco tenía una orden de expulsión previa, dijo Fleming, pero sólo porque quería ver a su padre enfermo en México una vez más antes de que muriera. Según la moción, los agentes del ICE aparentemente buscaban a uno de los hijos de Orozco, que es décadas más joven pero tiene el mismo nombre. Los agentes supuestamente agarraron y esposaron a Abel Orozco después de ver su permiso de conducir.

Su hijo Eduardo, de 26 años, salió corriendo cuando oyó a su padre gritar: “No puedo respirar… llamad a un abogado”.

Eduardo Orozco empezó a interrogar a los agentes y exigió una orden judicial. Los agentes se quedaron callados y se les ve alejarse de Eduardo Orozco, que empezó a grabar la interacción “sabiendo que algo no iba bien”, dijo.

Había más de seis agentes armados que rodearon su casa y se negaron a identificarse. Es una escena que aún atormenta a la familia.

“Intentaban derribar la puerta de mi casa sin una orden judicial”, recuerda Eduardo Orozco.

Weiland y Oswald defendieron la detención diciendo que evaluar el riesgo de fuga en tiempo real puede ser difícil.

Pero la moción argumenta que el ICE no tuvo en cuenta ni documentó los lazos comunitarios del individuo: si Abel Orozco tenía casa, familia o empleo. La esposa de Abel Orozco tiene cáncer, dijo Fleming.

Abel Orozco acababa de poner en marcha un negocio de tala de árboles, un sueño hecho realidad, según su hijo. En los meses transcurridos desde la detención de Abel Orozco, según Fleming, su negocio se ha tambaleado.

Muchos de los otros detenidos habrían sido arrestados tras salir de sus casas para ir a trabajar. A menudo les esposaban y les metían en sus coches, según la moción, sin permitirles llamar a sus familiares para informarles de lo que ocurría.

Los demandantes citaron dos horas de grabaciones de seguridad de un restaurante de Liberty, Missouri, en las que aparecían 10 agentes federales “fuertemente armados” que supuestamente entraron en un restaurante y retuvieron a 12 empleados en unas cabinas antes de escoltarlos hasta la salida y detenerlos. Missouri es uno de los seis estados que cubre la Oficina de Campo de Chicago.

En repetidas ocasiones, el ICE escribió mal los nombres u omitió información importante al cumplimentar órdenes de detención “plagadas de defectos”, según la petición. El ICE también se retrasó en su respuesta después de que los demandantes solicitaran que proporcionara detalles sobre las detenciones y el papeleo, afirma la moción.

Entre otras acciones para evitar las supuestas detenciones ilegales de ICE, la moción busca extender por tres años el acuerdo de conciliación de Castañon Nava, exigir la liberación de Abel Orozco, obligar a reportar todas las detenciones desde que Trump asumió el cargo y ordenar que los oficiales de ICE que operan en la región de Chicago sean reentrenados.

Cummings expresó que las acusaciones en conjunto parecían “preocupantes”, especialmente teniendo en cuenta que nadie “conoce la magnitud de este problema”. Las infracciones que descubrieron los abogados, dijo, sólo salieron a la luz porque las familias se pusieron en contacto con las organizaciones de defensa de los inmigrantes.

Cummings no se pronunció, pero dijo que intentaría llegar a una resolución lo antes posible.

En una conferencia de prensa tras la vista, los organizadores comunitarios se reunieron frente al tribunal federal para denunciar las prácticas de detención del ICE en enero. Fleming calificó las detenciones del ICE de “universo paralelo de políticas ilegales” porque la agencia no tiene un método real de rendición de cuentas.

El resultado es que cientos de personas son sacadas de los vecindarios, dijo Xanat Sobrevilla, de Organized Communities Against Deportations. Dijo que después de las redadas de inmigración de 2018, el ICE dijo a su organización que implementaría cambios.

“Desde enero de este año, ese compromiso se ha roto flagrantemente”, afirma. “Somos testigos de familias destrozadas, padres y madres arrancados de sus hogares”.

Para Eduardo Orozco y su familia, los últimos seis meses han sido abrumadores y desgarradores. Han perdido varios pagos de la hipoteca y la confusión ha causado un caos emocional a todos los miembros de la familia.

Aun así, acude a los tribunales, a las ruedas de prensa y a otras acciones contra el ICE porque cree que la historia de su padre puede desencadenar el cambio.

“Ya no luchamos sólo por él”, afirma Eduardo Orozco. “Estamos luchando por todos los que fueron detenidos así”.

Mientras el juez Cummings sopesa una decisión que podría sentar un precedente sobre cómo opera el ICE en las comunidades de Chicago, los defensores de los derechos de los inmigrantes y familias como los Orozco esperan. No sólo por un fallo, sino por una reparación liberando a Abel Orozco.

Mientras el mayor de los Orozco permanece detenido, Eduardo hace ahora malabarismos con la paternidad, el colapsado negocio de su padre y el cuidado de una madre enferma, con la esperanza de mantener la fe de su familia en que se hará justicia y su padre será puesto en libertad.

—Traducción por José Luis Sánchez Pando/TCA