Se supone que los hospitales son lugares de curación.
Pero el 22 de octubre, Methodist Dallas Medical Center se convirtió en un escenario de terror y caos cuando un hombre armado disparó mortalmente a dos trabajadores de la salud antes de atrincherarse en una habitación del hospital con la madre de su hijo y su recién nacido.
Las trágicas muertes de la enfermera Katie Annette Flowers y de la trabajadora social Jacqueline Ama Pokuaa conmocionaron a la comunidad médica del norte de Texas, y los dirigentes locales buscaron rápidamente explicaciones acerca de los fallos del sistema que permitieron que se produjera un suceso tan devastador. Menos de tres semanas después, la forense del Condado de Dallas, Beth Frost, fue asesinada a tiros en su trabajo.
Los empleados del sector sanitario y sus defensores dijeron que los disparos representan el último de una creciente oleada de actos de violencia en el lugar de trabajo en los últimos años, que van desde los abusos verbales hasta las agresiones físicas mortales.
Las organizaciones que representan a los trabajadores de la salud están pidiendo tanto a los hospitales como al gobierno federal que protejan mejor a los empleados encargados de mantener a la gente sana y salva antes de que este tipo de violencia provoque un daño irreparable en los hospitales de Texas y de Estados Unidos.
“No podemos permitirnos, especialmente en este momento, que haya más proveedores de atención sanitaria –ya sean enfermeras, médicos, trabajadores sociales, quien sea–, no podemos permitirnos que nadie abandone su puesto de trabajo”, dijo Serena Bumpus, directora general de Texas Nurses Association (TNA). “La atención sanitaria pende de un hilo ahora mismo”.
En 2019, se reportaron 7,300 lesiones por violencia en el lugar de trabajo que resultaron en días de trabajo perdidos para los profesionales y técnicos de la salud, de acuerdo con un informe de violencia en el lugar de trabajo de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado en julio. Esta cifra es superior a las menos de 4,700 registradas en 2015.
Se trata de una tendencia que amenaza no solo la seguridad de los empleados, sino la calidad de la atención al paciente y la retención de los trabajadores en un sector que ya cuenta con poco personal.
“Definitivamente es un gran factor que contribuye a que las enfermeras abandonen sus puestos de trabajo. La violencia en el lugar de trabajo es un trauma psicológico”, dijo Bumpus.
Los desafíos únicos de la atención sanitaria
Los hospitales no son como otros lugares de trabajo.
Los familiares de los pacientes suelen estar preocupados por el bienestar de sus seres queridos. Los pacientes enfermos pueden estar asustados, agobiados o con dolor. Las condiciones que han llevado a un paciente a un hospital en primer lugar hacen que el ambiente sea naturalmente más estresante.
“Es un trabajo emocional. La gente no está bien. Pueden estar muy enfermos, pueden estar muriéndose. En el caso de los trabajadores sociales, puede haber familias que se están desestructurando o separando”, dijo Cammie Chaumont Menéndez, epidemióloga de la División de Investigación sobre Seguridad (DSR) de National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH).
Los arrebatos violentos de los pacientes y los familiares no son infrecuentes, y la mayoría de los empleados del sector sanitario esperan experimentar interacciones tensas en algún momento de su carrera.
Bumpus, quien lleva 20 años trabajando en un hospital, dijo que le han escupido, insultado y amenazado mientras trabajaba y que ha sido testigo de cómo sus compañeros experimentaban lo mismo.
La preocupación por la seguridad física se ha visto agravada por la escasez de personal y el aumento de la presión para que enfermeras y médicos atiendan a más pacientes. Los informes relacionados con el agotamiento de las enfermeras y los médicos, que ya eran elevados antes de la pandemia, se dispararon cuando los hospitales se llenaron de pacientes por el COVID-19.
El impacto negativo de los problemas de personal en los índices de violencia hospitalaria es doble: los pacientes pueden agitarse con los largos tiempos de espera o los trabajadores sanitarios especialmente ocupados, mientras que esos mismos trabajadores tienen menos capacidad para controlar e intervenir preventivamente en situaciones que tienen el potencial de volverse violentas.
Al interactuar con los pacientes y sus familias, “los miramos, los tocamos, hablamos con ellos. Podemos saber lo que les pasa”, dijo Jean Ross, presidenta de National Nurses United (NNU), el mayor sindicato de enfermeras registradas de Estados Unidos.
“No se trata solo de prevenir la violencia, sino de evitar que enfermen más, que se produzca algún tipo de situación traumática con su salud, pero, si no estamos ahí, si no somos suficientes, no podemos hacerlo”, dijo.
Los arrebatos violentos pueden causar daños duraderos a los trabajadores, como lesiones físicas graves, traumas psicológicos e incluso la muerte.
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Ese trauma “puede provocar escasez de personal y desanimar a los trabajadores sanitarios cualificados a querer trabajar en un entorno hospitalario en el que podrían ser vulnerables a ataques como este”, dijo Priscilla Ross, directora asociada sénior de Relaciones Federales de American Hospital Association (AHA).
Después de más de dos años de trabajo en condiciones de pandemia, los empleados de los hospitales denuncian cada vez más las malas condiciones del lugar de trabajo, incluida la realidad hasta ahora desconocida de la violencia contra los pacientes.
“Creo que una de las razones por las que finalmente está empezando a salir a la luz es porque estamos cansados de ello, como profesión”, dijo Bumpus. “Estamos cansados de entregarnos a la gente cada día y no ser tratados con cortesía y respeto”.
Un impulso para el cambio
Los investigadores de seguridad laboral dijeron que hay formas eficaces de prevenir las agresiones contra los empleados de la sanidad.
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) elaboró unas directrices de prevención de la violencia adaptadas a los empresarios y trabajadores de los servicios sanitarios y sociales, y NIOSH ofrece cursos para enfermeras en torno a cómo identificar y reducir ciertos tipos de violencia. Estos recursos también detallan la importancia de responder adecuadamente después de un evento traumático en el lugar de trabajo.
Los programas nacionales de prevención de la violencia surgieron por primera vez en los años 90, cuando aumentaron los índices de homicidio y violencia contra los empleados del sector minorista. Los investigadores descubrieron que esos programas podían adaptarse a cualquier entorno y que eran especialmente adecuados para los entornos de salud, dijo Menéndez.
Sin embargo, la eficacia de estos programas depende de la aceptación por parte de la dirección y los empleados.
“Todo el mundo tiene que sentarse a la mesa y todo el mundo debe tener la seguridad psicológica en su entorno de trabajo para hablar e identificar las experiencias pasadas en las que las cosas no eran seguras”, dijo Menéndez.
La prevención de la violencia en los hospitales no termina con la implantación de un plan de violencia laboral. “Estas cosas deben actualizarse o revisarse anualmente”, dijo Menéndez.
Aunque muchas grandes empresas sanitarias han aplicado las directrices de OSHA, varias organizaciones médicas profesionales quieren que los planes de prevención de la violencia sean obligatorios por ley.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en abril de 2021 la Ley de Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo para los Trabajadores de la Salud y los Servicios Sociales, que obligaría a OSHA a crear una norma federal que exija a los empleadores del sector de la salud elaborar planes de prevención de la violencia específicos para el lugar de trabajo. La versión del Senado del proyecto de ley se presentó en mayo de este año.
Otra ley federal adopta un enfoque diferente para prevenir la violencia en el lugar de trabajo. La Ley de Seguridad frente a la Violencia para los Empleados de la Sanidad, o Ley SAVE, establecería sanciones penales federales para las personas que agredan a sabiendas a los trabajadores de los hospitales. El proyecto de ley, presentado en la Cámara en junio, sigue el modelo de la ley federal que protege a los empleados de aviones y aeropuertos.
La Ley SAVE incluye protecciones para las personas que están mentalmente incapacitadas debido a una enfermedad o al consumo de sustancias. También autorizaría 25 millones de dólares en subvenciones a lo largo de 10 años para mejorar los esfuerzos de prevención de la violencia en los hospitales mediante la formación y la tecnología.
Jean Ross dijo que tiene la esperanza de que, a medida que la gente sea más consciente de los riesgos a los que se enfrentan los empleados de la salud, será más probable que algo cambie.
“Creo que todo el mundo en el público entiende cómo son nuestras vidas dentro de estas instalaciones y, si no lo hacían antes, sin duda lo hacen después de esta pandemia”, dijo Jean Ross. “No se nos escucha a menudo. Tenemos que presionar, tenemos que molestar, tenemos que exigir e insistir y seguiremos haciéndolo hasta que consigamos lo que necesitamos. Las enfermeras no se rinden”.
Adoptar medidas para minimizar la violencia
Implantar herramientas de seguridad como botones de pánico en los puestos de trabajo o dispositivos de alarma personales que lleven los empleados.
Registrar cualquier suceso violento que ocurra en el hospital y remitirse a los datos de los registros cuando se evalúe el programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo del hospital.
Establecer un sistema de seguimiento de los clientes con antecedentes de violencia para que los empleados estén mejor preparados para futuros encuentros.
Establecer un programa de asesoramiento médico y psicológico para los empleados que hayan sufrido o presenciado agresiones.
Involucrar a los empleados en la creación, implementación y evaluación de los programas de violencia en el lugar de trabajo.