Más de una semana después del tiroteo escolar más mortífero de la historia de Texas, una cosa está clara: el aumento en la seguridad que rodea a esta ciudad cercana a la frontera no impidió, en última instancia, que un tirador local infligiera terror a la comunidad.
Mientras continúa la investigación relacionada con la defectuosa respuesta de las fuerzas del orden durante la masacre, los funcionarios electos y los habitantes dicen que el examen debe también analizar si la excesiva atención del estado a la seguridad fronteriza ha disminuido su capacidad para enfrentar otras amenazas.
Esta pequeña y unida ciudad de unos 16,000 habitantes, situada entre San Antonio y la frontera entre Texas y México, a unas 65 millas de distancia, está repleta de agentes de la ley locales, estatales y federales que viven y trabajan aquí, generalmente para impedir la entrada de drogas y migrantes en Estados Unidos.
En cambio, los agentes fronterizos acudieron el mes pasado a la primaria Robb, en donde murieron 19 niños y dos profesores. Otras 17 personas resultaron heridas.
Antes del tiroteo, muchos habitantes dijeron que sentían que Uvalde estaba “apenas en el mapa”.
A lo largo de unas ocho millas cuadradas hay casas unifamiliares y negocios locales. El lado oeste es pobre y el lado este es más próspero, restos de un pasado segregado que persigue a los habitantes. Hay una tienda de comestibles H-E-B, un Starbucks y una oficina de correos. Tiene un ayuntamiento de cinco personas y una policía de 16.
Extensos ranchos, grandes cielos y campos vacíos crean el único espacio entre una agencia de seguridad y la siguiente, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública de Texas y un puesto de control de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos que se abrirá pronto.
A lo largo de la frontera hay unos 10,000 miembros de la Guardia Nacional de Texas. De ellos, unos 6,400 están desplegados en los condados fronterizos, mientras que el resto desempeña funciones de apoyo en otros lugares, de acuerdo con el testimonio de los líderes del departamento en abril. También hay unos 1,600 agentes de DPS que apoyan la Operación Lone Star, que el gobernador republicano Greg Abbott lanzó en marzo de 2021.
La Operación Lone Star ya le ha costado al estado alrededor de 4 mil millones de dólares desde que comenzó, y DPS le ha pagado al menos 68 millones de dólares en horas extras a los oficiales enviados a la frontera entre Estados Unidos y México.
Los líderes de la agencia han testificado previamente que hasta 1,600 de los 4,200 oficiales del departamento se sitúan allí en un momento dado. De los aproximadamente 180 millones de dólares que la agencia gastó en sus horas extras desde marzo de 2021 hasta febrero, casi 40 por ciento cubrió el impulso fronterizo.
En ese periodo de tiempo —el primer año de la Operación Lone Star—, los registros estatales muestran que DPS gastó más en horas extra que casi cualquier otra agencia.
El año pasado, los principales líderes estatales redirigieron cientos de millones de dólares de otras agencias para financiar a miles de miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas en la frontera.
La oficina de Abbott ha ayudado a DPS a tapar agujeros presupuestarios en el pasado. La oficina del gobernador le canalizó a la agencia más de 30 millones de dólares en subvenciones el año pasado para cubrir las operaciones fronterizas de junio a agosto, dijo la portavoz de Abbott Renae Eze en un comunicado.
En enero, Uvalde News-Leader informó que el departamento de policía de Uvalde recibió una subvención propia: 532,000 dólares de la Operación Lone Star.
La subvención se sumó al presupuesto de 4 millones de dólares del departamento, algo menos del 40 por ciento del fondo general de la ciudad.
Las agencias trabajan juntas
Uvalde forma parte del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza. En los últimos meses, este sector ha estado en el punto de mira por el creciente número de inmigrantes que cruzan la frontera por Eagle Pass.
En las zonas fronterizas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley suelen trabajar juntos, como lo hicieron durante el tiroteo en Uvalde, pero a veces puede parecer que casi todas las miradas se dirigen a detener la inmigración ilegal, dijeron los funcionarios.
En la frontera de Del Río, el sheriff Joe Frank Martínez, antiguo policía de DPS, está de acuerdo hasta cierto punto con el llamado a redefinir las prioridades. Después del tiroteo masivo, su oficina envió a ocho miembros para ayudar en Uvalde, inmediatamente celebró reuniones con las partes interesadas de la comunidad y presionó para obtener más oficiales.
“Cuantos más agentes tengamos para proteger a nuestra comunidad, mejor estaremos”, dijo, y añadió que ha solicitado hasta ocho agentes más en una comunidad de unos 48,000 habitantes. Del Río tiene 25 agentes de patrulla. “En cuanto a la seguridad fronteriza, vamos a estar al lado de nuestros socios federales, pero, al mismo tiempo, necesito mantener a mi comunidad segura y a mis ciudadanos seguros”.
La seguridad fronteriza, añadió, es una responsabilidad federal, pero “el sistema está roto”, señalando el aumento de los migrantes que cruzaron el año pasado a través de Del Río y el último empuje de los migrantes —unos 6,000 por semana— a través de la cercana Eagle Pass este año.
“En resumen, necesitamos una reforma migratoria, pero no ha habido voluntad política en Washington” durante décadas, por lo que la carga recae en comunidades como Del Río, Uvalde y el gobernador del estado para intervenir, dijo Martínez, un sheriff de cuatro mandatos y demócrata entusiasta.
En cuanto a Abbott, Martínez dijo que las críticas “pueden ir en cualquier dirección. Sí, tenemos que encontrar un mejor equilibrio entre la seguridad fronteriza y la seguridad de la comunidad, pero él está tratando de proteger el estado de Texas […]. Y, sin embargo, no podemos permitirnos que lo que sucedió en Uvalde suceda en nuestra comunidad de Del Río. Este no es un tema que esté tan en blanco y negro”.
El senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata de San Antonio, quien representa a Uvalde, apuntó directamente al gobernador, diciéndole a The Dallas Morning News que Abbott “creó el caos a lo largo de la frontera”.
Gutiérrez califica las declaraciones de Abbott de que la frontera está siendo invadida por migrantes como “ficticias”, y el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y agentes del DPS que protegen la frontera como “utilería” diseñada para que Abbott sea reelegido.
“Es de suponer que está repartiendo multas de tráfico y recogiendo a los migrantes que caminan por la calle; los está enviando a Dilley”, dijo, refiriéndose al mayor centro de detención de inmigrantes en el sur de Texas, “o enviándolos en autobús a Washington, D.C., para hacer sus trucos políticos”, dijo. “¿Alguna vez ha pensado que tal vez deberíamos hacer algún tipo de entrenamiento conjunto con los locales acerca del entrenamiento de tiradores activos?”.
Rosie Ruiz, de 63 años, una habitante desde hace mucho tiempo que hace décadas asistió a la Escuela Primaria Robb, fue testigo de los gritos de los padres afuera pidiéndole a la policía que entrara.
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“¿Qué están esperando? Entren. Salven a nuestros hijos”, recordó Ruiz los gritos de los padres.
“Cuando los necesitábamos, eran unos cobardes”, dijo Ruiz. “Si no despertamos ahora, ¿cuándo podremos hacerlo? Tenemos que honrar a estos niños cambiando las cosas, haciendo responsables a estas personas”.
En última instancia, sin embargo, no fueron ni la policía escolar, ni los agentes locales ni DPS, sino el gobierno federal —los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos— quienes se convirtieron en los héroes de la ciudad el día de la masacre.
De acuerdo con un portavoz de la Patrulla Fronteriza, cuatro agentes formaron una supuesta pila y entraron en el aula. Uno de ellos llevaba un escudo y tres descargaron sus armas, aunque no está claro cuál de ellos alcanzó y mató al tirador.
Llueven recursos
Después del tiroteo, el estado se comprometió a invertir más recursos en Uvalde, con énfasis en la salud mental.
Abbott declaró a Uvalde zona de desastre, lo que permitirá un acceso más rápido a la financiación. El Departamento de Gestión de Emergencias de Texas proporcionará un centro de recursos familiares para los habitantes de Uvalde que buscan ayuda con la salud mental y otras necesidades.
Para Gutiérrez no es suficiente.
“Sabes, si yo fuera el gobernador de este estado, iría con mi billetera”, dijo Gutiérrez. “Pero él no tiene la fortaleza para hacer lo correcto. Solo quiere venir aquí y prometer poco y no hacer nada. Has algo, hombre”.
El representante estatal James White, republicano de Houston, es presidente del Comité de Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes. Defiende la Operación Lone Star, pero dijo que el enfoque ahora no debe ser “discutiendo” acerca de la política y en su lugar debe usarse la energía en asegurar que eso no vuelva a suceder.
“No es una cuestión de equilibrio en este momento, sino de cumplir con los desafíos y las expectativas en Uvalde y superar las expectativas en nuestra investigación respecto a lo que sucedió en esa comunidad —lo que salió mal—, para que esto no vuelva a suceder”, dijo White.
El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, un republicano, es un fuerte partidario de la Operación Lone Star. Le dijo a KSAT-TV que las tropas de DPS “han sido un regalo del cielo para nuestra comunidad”. Ha aparecido varias veces en Fox News para denunciar lo que él llama las políticas de fronteras abiertas de Biden. También ha criticado a Abbott por no construir el muro fronterizo.
McLaughlin no respondió a una solicitud de entrevista.
El dolor de los fracasos
De acuerdo con Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, entre la primera llamada al 911 y que los agentes de la Patrulla Fronteriza se enfrentaran finalmente al tirador, quien había disparado al menos 142 balas en la escuela, transcurrió una hora y 20 minutos.
El dolor de la comunidad es insondable. Los habitantes, en duelo, siguen formando filas para colocar flores frescas en los memoriales improvisados que parecen surgir a diario.
Manuel Garza dijo que perdió a dos sobrinas en la masacre, y culpa al “[ex presidente Donald] Trump por encender el cerillo que no se ha apagado hasta el día de hoy. Toda esa charla acerca de criminales esto, criminales lo otro, mexicanos esto, mexicanos lo otro desvió la atención de nuestra comunidad a la frontera”.
Lori Contreras, quien vive cerca de la escuela primaria Robb, añadió: “Todo gira en torno a la seguridad fronteriza, a salvarnos y protegernos [de los inmigrantes], pero los inmigrantes vienen a trabajar, no a asesinarnos… ¿En dónde estaban [las fuerzas del orden] cuando más las necesitábamos? Nos sentimos abandonados”.
Daniel Álvarez, de 54 años, es contundente: si las cosas no cambian en Uvalde, significa que el pueblo está en peligro.
“El pueblo va a cambiar y los policías que estaban equivocados van a quedarse sin dinero (sin valor), y van a rendirse cuando traigan a gente nueva”, dijo Álvarez. “Va a cambiar como cuando el 11 de septiembre cambió todo: para esta ciudad, esto lo cambiará todo”.
Pero el cambio no será fácil, dijo Contreras, porque los habitantes “no votamos, no participamos”.
No ha habido un año desde 1988 en el que más del 64 por ciento de los votantes registrados en el Condado Uvalde acudiera a votar. El año con la mayor participación, 1988, fue de 63.5 por ciento. El más bajo, 2014, fue solo de 31.5 por ciento.
En los últimos 17 años, el promedio fue de 47.6 por ciento.
“Eso tiene que cambiar, porque se ve el resultado de estas promesas vacías”, dijo Contreras.
De los que sí votan, cerca del 60 por ciento en las elecciones presidenciales de 2020 favoreció a Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro en la frontera.
“Cuando las cosas van bien durante tanto tiempo, la gente no piensa en cambiar su liderazgo”, dijo Wanda Bingham, quien creció en Uvalde y se graduó de la escuela secundaria local, mientras colocaba rosas amarillas en un nuevo monumento improvisado a lo largo de Main Street. “Pero esta tragedia los ha obligado a enfrentarse a la realidad de que, al final, ellos tienen el poder”.