Si, como se espera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide el mes que viene anular el caso Roe vs Wade, no se sabe con qué rapidez actuarán las legislaturas dominadas por los republicanos para restringir el aborto ni hasta dónde llegarán para eliminar el procedimiento.
Pero la retórica reciente de los funcionarios estatales y los acontecimientos en las capitales de los estados ofrecen algunas pistas.
Funcionarios del Partido Republicano en al menos ocho estados —Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Montana, Nebraska, Carolina del Sur y Dakota del Sur— han convocado sesiones legislativas especiales para considerar nuevas restricciones al aborto desde el 3 de mayo, día en el que Politico filtró una opinión preliminar del Tribunal Supremo que anulaba Roe, la decisión de 49 años que garantiza el derecho al aborto.
Todos los estados de la lista ya tienen prohibiciones de aborto bloqueadas por los tribunales, que podrían entrar en vigor si el Tribunal Supremo anula Roe. Pero algunos funcionarios dijeron que querían ir más allá.
En Carolina del Sur, por ejemplo, el gobernador republicano Henry McMaster dijo que estaba dispuesto a convocar de nuevo a la legislatura y que apoyaría una legislación antiabortista que no hiciera excepciones por violación o incesto. En febrero, el estado promulgó una prohibición del procedimiento después de las seis semanas de embarazo, con excepciones en caso de violación, incesto, anomalías fetales y amenazas a la salud de la paciente. El proyecto de ley fue suspendido por un tribunal federal.
Al mismo tiempo, el patrocinador republicano de la prohibición del aborto en Luisiana, que prohibiría todos los abortos desde el momento de la fecundación y responsabilizaría tanto al proveedor como a la paciente de un delito de homicidio, recibió críticas incluso de otros funcionarios antiabortistas.
El gobernador demócrata John Bel Edwards, firmemente contrario al aborto, dijo que vetaría la medida si se aprobaba, escribiendo en un comunicado: “Sugerir que una mujer sería encarcelada por un aborto es simplemente absurdo”.
Las organizaciones antiabortistas Louisiana Right to Life y Louisiana Family Forum también se opusieron al proyecto de ley, junto con algunos compañeros republicanos en la legislatura. Desde entonces, el proyecto de ley ha sido modificado para eliminar la disposición de criminalización, y se considera improbable que se apruebe en esta sesión legislativa.
Envalentonados por la mayoría conservadora del alto tribunal, algunos estados estaban fortaleciendo las restricciones incluso antes de que se filtrara el fallo preliminar. Por ejemplo, una nueva ley de Oklahoma que prohíbe el aborto a las seis semanas de embarazo —antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas— entró en vigor un día después de que se hiciera público el borrador del dictamen.
En las dos semanas transcurridas desde entonces, las clínicas de Oklahoma —en donde las vecinas de Texas habían acudido a abortar desde que su estado prohibió efectivamente el procedimiento el año pasado— se vieron obligadas a dejar de hacer la mayoría de los abortos de forma abrupta, aunque siguen abiertas para atender otras necesidades de salud reproductiva.
Además de la prohibición de seis semanas, que incluye una disposición de aplicación ciudadana al estilo de Texas, que ofrece una recompensa de 10,000 dólares por demandar a un proveedor de abortos o a cualquier persona sospechosa de ayudar a una persona a obtener un aborto, el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó en abril una ley aún más estricta que entrará en vigor en agosto.
Esa ley prohibiría todos los abortos en el momento de la concepción, salvo en caso de emergencia médica, y conllevaría una pena de 100,000 dólares y 10 años de cárcel para quien realice el procedimiento.
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Mientras tanto, la semana pasada fracasó en el Senado un intento de los demócratas del Congreso de aprobar una ley federal que consagre el derecho al aborto. Y miles de partidarios del derecho al aborto se manifestaron el sábado en Washington, D.C., y en otras ciudades del país, en protesta por la decisión que se espera que tome el tribunal de deshacer el derecho federal al aborto y devolverle la cuestión a los estados.
Barreras federalesEn 1973, el alto tribunal dictaminó en el caso Roe contra Wade que las mujeres tienen un derecho constitucional a decidir la interrupción del embarazo, y evitó que los estados prohibieran o restringieran excesivamente el aborto antes del tercer trimestre, o sea, aproximadamente las 28 semanas de embarazo, cuando el tribunal consideró que el feto podía sobrevivir fuera del útero.
Antes de eso, todos los estados, salvo unos pocos, prohibían el aborto.
En 1992, una sentencia posterior del Tribunal Supremo, Planned Parenthood contra Casey, confirmó la decisión de 1973, pero sustituyó el concepto de viabilidad del feto por el anterior límite legal del tercer trimestre para las prohibiciones estatales del aborto.
Después de la sentencia Roe, los avances médicos mejoraron las tasas de supervivencia de los recién nacidos que nacían antes de las 39 semanas de embarazo. De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), los datos de la última década indican, con grandes variaciones, que hasta el 76 por ciento de los recién nacidos que nacen a las 25 semanas de embarazo sobreviven. A las 23 semanas, solo sobrevivían entre el 23 y el 27 por ciento.
El caso de Mississippi ante el Tribunal Supremo, Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization (JWHO), se refiere a una prohibición de las 15 semanas que fue declarada inconstitucional y prohibida por tribunales inferiores. “En su presentación inicial, los demandantes en Dobbs estaban probando hasta dónde llegaría el Tribunal Supremo para ignorar la línea de viabilidad”, dijo la académica constitucional Khiara Bridges, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) en Berkeley.
Pero, después de que la jueza conservadora Amy Coney Barrett fuera nombrada en 2020, el escrito principal de los demandantes le pidió al tribunal que anulara Roe contra Wade en su totalidad, señaló.
Si el Tribunal Supremo hace eso, se espera que 22 estados prohíban el aborto inmediatamente después de la decisión, dados los estatutos existentes y las disposiciones constitucionales estatales, de acuerdo con Guttmacher Institute, que está a favor del derecho al aborto: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.
Otros cuatro estados —Florida, Indiana, Montana y Nebraska— se consideran susceptibles de prohibir el aborto en un futuro próximo, dada su composición política y su reciente actividad legislativa, de acuerdo con Guttmacher.
“Estamos en un punto en el que vemos que los estados se mueven rápidamente para aprobar las prohibiciones del aborto, porque creen que las leyes realmente entrarán en vigor”, dijo Elizabeth Nash, principal asociada de política de Guttmacher.
Pero los opositores al aborto insisten en que la mayoría de los legisladores y gobernadores estatales se tomarán su tiempo y tantearán el terreno para determinar la voluntad de sus electorados antes de promulgar nuevas restricciones al aborto.
Una encuesta publicada este mes por Pew Research Center mostró que el 61 por ciento de los estadounidenses opinan que el aborto debe ser legal en todos o en la mayoría de los casos, aunque muchos están abiertos a las restricciones. (Pew Charitable Trusts financia el centro y Stateline). Incluso entre el 37 por ciento de los encuestados que se oponen al aborto, algunos dicen que debería ser legal en algunas circunstancias.
“Va a ser un maratón, no un esprint”, dijo Clarke Forsythe, consejero principal de Americans United for Life, que se opone al aborto. “La política del aborto en los estados se elaborará a lo largo de una serie de años, no en un mes o dos meses. No antes de las elecciones de noviembre”.
En cuanto a lo lejos que pueden llegar los legisladores para eliminar el acceso al aborto, la organización de Forsythe y varias docenas de otros grupos antiabortistas le escribieron en una carta abierta del 12 de mayo a los legisladores estatales, en la que afirman que se opondrían a leyes como la propuesta en Luisiana, que penalizaría a las pacientes de aborto.
“Como organizaciones provida nacionales y estatales que representan a decenas de millones de hombres, mujeres y niños provida en todo el país, seamos claros: declaramos inequívocamente que no apoyamos ninguna medida que pretenda criminalizar o castigar a las mujeres y nos oponemos firmemente a incluir tales penalizaciones en la legislación”, decía la carta.
Miedo e incertidumbrePara los habitantes de Oklahoma y Texas, en donde el aborto después de las seis semanas de embarazo es ilegal, la era pos-Roe ha comenzado.
Pero para el resto de los aproximadamente 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en estados que se espera que prohíban el aborto, el acceso futuro al procedimiento clínico es incierto.
Y, para las personas que viven en los 16 estados y el Distrito de Columbia, en donde las leyes protegen el derecho al aborto, el resultado de las elecciones de noviembre podría crear una incertidumbre adicional.
En la actualidad, 13 estados cuentan con las denominadas leyes de activación que prohibirían el aborto si el Tribunal Supremo anula el caso Roe contra Wade. Nueve estados tienen restricciones inconstitucionales que han sido bloqueadas por los tribunales, y un puñado de otros estados han mantenido prohibiciones inactivas del aborto anteriores a Roe. En algunos estados, los fiscales generales y otros funcionarios estatales han dicho que despejarán el camino para que esas leyes entren en vigor inmediatamente.
En otras acciones legislativas estatales, Kentucky, que ya tiene una ley de activación en los libros, promulgó una prohibición del aborto de 15 semanas, que fue bloqueada temporalmente en abril por un tribunal. Y Idaho promulgó una prohibición del aborto de seis semanas, con una disposición de aplicación ciudadana similar a las leyes de Oklahoma y Texas, que también fue bloqueada por un tribunal en abril. Ambas leyes podrían entrar en vigor inmediatamente si se anula Roe.
Dos estados que no tienen leyes de activación —Florida y Arizona— promulgaron este año prohibiciones de 15 semanas. La ley de Florida está programada para entrar en vigor en julio y la de Arizona 90 días después de que la legislatura estatal se suspenda.
Un puñado de legislaturas estatales todavía están considerando otros proyectos de ley contra el aborto, y una serie de desafíos a las restricciones estatales al aborto han sido puestos en espera en los tribunales inferiores a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo.
Es un panorama legal complicado que probablemente dejará perplejo al votante promedio y desafiará a cualquiera que quiera abortar en los próximos meses.
Al día siguiente de conocerse la noticia de la filtración del documento del Tribunal Supremo, la doctora April Lockley, quien dirige un servicio médico de atención telefónica, Miscarriage and Abortion (M+A) Hotline, le dijo a Stateline en un correo electrónico que había recibido llamadas de personas asustadas que preguntaban si el aborto seguía siendo legal en su estado y si podían obtener medicación para abortar para tenerla a mano por si acaso.
Heather Shumaker, directora de acceso al aborto en los estados de National Women’s Law Center (NWLC), que defiende el derecho al aborto, dijo: “Decir que estamos en un momento sin precedentes y aterrador ahora mismo sería quedarse corto”.
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“Creo que va a ser un largo camino para muchos de nosotros”.