CHICAGO — La activista indocumentada mexicana Genoveva Ramírez, que lleva años luchando por un estatus legal, se salvó el martes de una deportación inminente al recibir un nuevo plazo de permanencia mientras se decide su pedido de una visa U.
El grupo Comunidades Organizadas contra las Deportaciones de Chicago, donde Ramírez milita, informó sobre la “victoria” que habría logrado la llamada “Abuelita” de 67 años en su batalla para permanecer en el país donde ha vivido sin papeles durante 20 años.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) informó a sus abogadas que a Ramírez se le otorgó una “acción diferida”.
De esta manera, su pedido de la visa que ofrece protección a las víctimas y testigos de crímenes violentos que cooperan en la investigación policial, quedó en lista de espera.
Esta medida detuvo la deportación inminente, en vista que Ramírez había solicitado en septiembre de 2016 la visa U y está a la espera de la resolución del trámite.
La “Abuelita” y uno de sus diez nietos, fueron agredidos físicamente en su casa en 2015, y luego cooperaron con la investigación.
“El caso de Genoveva Ramírez es una prueba del poder de la organización y ‘litigación’ para luchar contra la separación de las familias y las deportaciones de miembros de nuestras comunidades”, señalaron activistas en un comunicado.
En su última audiencia ante un juez de inmigración, en agosto, Ramírez fue informada de que debía abandonar voluntariamente el país antes del 31 de octubre o sería deportada.
Demandó al gobierno
En septiembre la activista presentó una demanda en una corte federal en Illinois, en la que sostiene que la “negligencia interna” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amenazaba con separarla de su familia, en vista que tenía pendiente una solicitud de visa U, que ofrece protección a las víctimas y testigos de crímenes violentos que cooperan en la investigación y procesamiento de los responsables.
En la demanda se sostiene que USCIS no procesó durante más de un año el pedido de visa, y tampoco tramitó la aceleración del trámite que generalmente demora tres años, o la postergación de la deportación mientras se resuelve el caso.
“No hubo comunicación entre USCIS y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que muestra en este caso las consecuencias devastadoras de un sistema migratorio que es totalmente ilógico”, señala el documento.
Además, ICE frustra el propósito de la Ley de Protección de las Víctimas de Tráfico y Violencia, aprobada por el Congreso para defender a los inmigrantes víctimas de crímenes, agrega.
Los abogados pidieron a la corte federal del Distrito Norte de Illinois que le ordenara a USCIS la determinación preliminar de que Ramírez es elegible para la visa U, y se anulara la orden de deportación.
Ramírez comentó que en su papel de activista ha visto cómo los inmigrantes son “criminalizados y deshumanizados”, y que su demanda trata de evitar que ICE “justifique la destrucción de otra familia”.
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La Abuela contó que entró al país en 2001 con una visa de turista, y se quedó en vista que su familia había sido víctima de la violencia en su natal Ciudad de México, México.
Desde entonces comenzó a trabajar y a formar su vida en Chicago, junto con su esposo y sus dos hijos menores.
Ramírez dijo que el 13 de febrero del 2013, fue arrestada por un oficial del condado de DuPage por una violación de tráfico al salir del trabajo.
“Inmediatamente me entregaron a Inmigración”, relata la abuela de 10 nietos, ocho de ellos, ciudadanos estadounidenses.
Desde 2015 su caso fue calificado de baja prioridad, y por lo tanto, las autoridades no requirieron que se presentará a más citas de ‘check-ins’, explicó su representante legal Mony Ruiz-Velasco.