El lunes el veterano de guerra, Miguel Perez Jr., se someterá a un exámen físico y psicológico que será evaluado por las autoridades del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) en octubre, y cuyos resultados podrían otorgarle libertad mientras su abogado, Chris Bergin, apela su caso de deportación.
El ex-soldado regresó de Afganistán con un caso de síndrome de estrés post-traumático (PTSD) y una herida en el cerebro después de dos incursiones en el frente de batalla. El PTSD y otras condiciones médicas pueden ser motivos para dejar en libertad a un detenido de inmigración.
Pérez es uno de muchos veteranos, algunos de los cuales sufrieron lesiones y traumas emocionales durante el combate, que han sido condecorados por su servicio, pero luego confrontados con la posibilidad de deportación por cometer un delito.
Pérez creyó erróneamente que se había convertido en ciudadano estadounidense cuando hizo su juramento de soldado. Se dio cuenta que no era así cuando fue trasladado a la corte de inmigración poco antes de salir de la prisión, donde había cumplido siete años por distribuir una bolsa de cocaína a un policía encubierto.
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Pérez fue puesto bajo la custodia de ICE y en septiembre de 2016 fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes en espera de su deportación.
Mientras estuvo preso, Pérez obtuvo un título universitario. Buscó terapia para la adicción, veía a un psicólogo y un psiquiatra, y comenzó a tomar antidepresivos para regular su ansiedad y estados de ánimo. También ayudó a otros presos a conseguir sus GED.
El abogado de Pérez argumenta que su vida estaría en peligro si fuera deportado a México, donde no ha vivido desde que tenía 8 años. Los carteles de drogas con frecuencia reclutan a ex residentes estadounidenses, especialmente veteranos con experiencia en combate, y los que no acceden se arriesgan.
En marzo de 2017, la jueza de inmigración Robin Rosche le negó la solicitud de asilo.
Aproximadamente 18,700 residentes permanentes legales forman parte de las fuerzas armadas de EEUU, y cerca de 5,000 se unen cada año, según el Departamento de Defensa. No está claro cuántos veteranos han sido deportados.
Cuando residentes legales o indocumentados cometen delitos, el procedimiento estándar de ICE es dejar que cumplan la mayor parte de su condena en Estados Unidos, y luego deportarlos.
Bergin ha solicitado a ICE otorgar la ciudadanía a Pérez retroactivamente cuando se unió al Ejército en 2001, antes de cometer el delito.