Una jueza del condado de Cook escuchó varias horas de argumentos legales, pero demoró su decisión ante una demanda que alega que el uso de la fianza en efectivo en la cárcel, conocida en inglés como ‘cash bail’, es inconstitucional porque discrimina a las minorías y a los pobres.
La demanda es parte de un debate nacional sobre cómo es que la caución (‘bond’ en inglés), una multa parcial que pretende ser una herramienta para asegurarse que los acusados se presenten a su juicio, se aplica a los acusados de delitos menores.
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Un estudio de 2016 encontró que la cantidad promedio de fianzas en efectivo en la Corte Central de Cauciones de Cook —donde se escuchan todos los delitos, excepto por asesinato y agresiones sexuales— era de casi $72,000, muy por encima del ingreso promedio en el condado.
Había más de 300 detenidos el lunes porque no podían pagar una fianza de menos de $1,000, dijeron los abogados.
El Tribune informó en mayo que en algunos casos, pandilleros con antecedentes por delitos violentos, de drogas o de armas que tienen acceso a fondos tienen menos dificultad para obtener su libertad bajo fianza, mientras que los sospechosos no violentos, que en muchos casos no tienen dinero, permanecen en la cárcel esperando su fecha de juicio.
La jueza Celia Gamrath dijo que ella decidiría más adelante si la demanda será desechada o se irá a juicio.
La demanda colectiva contra cinco jueces del Condado de Cook, incluyendo a los magistrados superiores que presiden las cortes penales y de cauciones, y tres jueces de la Corte Central de Cauciones, es de parte de Zachary Robinson y Michael Lewis, quienes tuvieron que depositar una caución para ser puestos en libertad. Ambos estuvieron en la cárcel casi un año antes de declararse culpables.
“Estos son los más pobres de los pobres en nuestra sociedad”, dijo Matthew Piers, uno de los abogados de los demandantes, al calificar el uso de la fianza en efectivo por el condado como “racialmente discriminatoria”.
“La fianza no puede ser inasequible”, dijo Piers. “En pocas palabras, es casi como si no se hubiera fijado ninguna fianza”.
Los abogados de la oficina del procurador general, que representa a los jueces, argumentaron que los cambios en el último año a la ley estatal y a los procedimientos de libertad bajo fianza del Condado de Cook han hecho que la demanda sea irrelevante y que los dos exdetenidos presentaron su demanda en la corte equivocada.
Gran parte de la discusión se centró en una orden emitida en julio por Tim Evans, Magistrado Principal del Condado de Cook, meses después de que se presentara la demanda, y que entrará en vigor la próxima semana para los casos criminales. Le prohíbe a los jueces fijar la fianza en efectivo en una cantidad más alta de la que los acusados no violentos puedan pagar —el mismo alivio que buscaba la demanda.
“Cualquier orden de esta corte sería redundante con la orden del juez Evans”, dijo John Wolfsmith, procurador general adjunto. Dijo que las preocupaciones de los demandantes de que la orden va más allá de la autoridad de Evans o que posteriormente podría ser cambiada eran “especulativas” y la ley no permite que un caso continúe basado sólo en eso.
Pero Piers argumentó que al juez no se le pedía que modificara la fianza de los demandantes sino que ordenara que se tome en cuenta la capacidad económica de cualquier sospechoso al fijar una fianza. “A esta corte no se le pide que anule la decisión de ninguna otra corte”, dijo.
Y dijo que una nueva ley estatal, llamada Ley de Reforma a las Fianzas, que llama a los jueces a encontrar una alternativa a la fianza en efectivo en los casos no violentos, era prácticamente un adorno que reafirma la ley existente de Illinois.
La cuestión del uso del sistema de fianza en efectivo nunca antes había estado ante un juez estatal, dijo Piers fuera del tribunal.
Pero en 2011, un panel de tres jueces federales que escucharon una demanda sobre las condiciones en la cárcel de Cook señaló que “muchos de los detenidos en la cárcel de Cook quedarían libres bajo fianza, o en cauciones lo suficientemente pequeñas como para poder pagarlas, si no fuera por la inexplicable reticencia de los jueces del estado a establecer fianzas asequibles”.
Piers dijo que es el mejor momento para que el caso fuera escuchado y que los jueces a menudo responden a cambios sociales más grandes, pues “hay un despertar en todo el país de que nuestro sistema de justicia penal está roto”, agregó fuera de la corte.
—Con información de baiduhai
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