La administración del presidente Donald Trump anunció el fin del programa de Acción Diferida Para Los Llegados en la Niñez (DACA) en un lapso de seis meses, para darle tiempo al Congreso de aprobar una legislación que abordaría la situación de los cientos de miles de inmigrantes protegidos por el programa.
El programa le ha dado alivio a casi 800,000 jóvenes inmigrantes contra la deportación y les ha dado la oportunidad de trabajar legalmente en el país a través de permisos renovables.
El temor, el coraje, y la frustración se sintieron en la comunidad inmigrante de Chicago mientras se diseminó el anuncio sobre la terminación de DACA.
Manifestantes en la ciudad y en otros lugares han defendido DACA y se han opuesto a la deportación de más de 800,000 beneficiarios del programa.
“No podemos permitir que Donald Trump elimine DACA y el TPS, y arruine y destruya a nuestras familias”, dijo la pastora activista Emma Lozano.
El gobernador Bruce Rauner no quiso tocar el tema el lunes mientras visitaba el Festival Africano de las Artes. Pero su procuradora general se está preparando para tomar medidas tan pronto como el martes.
“Lo que ya he hecho es enviar una carta a la administración Trump diciéndoles que los demandaremos si deciden eliminar DACA”, dijo la procuradora general de Illinois, Lisa Madigan.
El alcalde Rahm Emanuel tuiteó —en el primer dia de clases— a los jóvenes de DACA que son bienvenidos en Chicago y en la ciudad, y los alentó a seguir soñando.
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“Conozco a innumerables soñadores en Chicago que son talentosos, trabajadores y dedicados a sus familias y éste es el único hogar que han conocido. Chicago continuará no sólo recibiendo a los soñadores, sino que veremos todas las opciones legales para proteger a nuestros niños, defender nuestras comunidades inmigrantes y defender la promesa perseverante del Sueño Americano,” agregó en una declaración.
Las Escuelas Públicas de Chicago también tuitearon su apoyo para todos los beneficiarios de DACA.
Medidas para legalizar a los llamados ‘soñadores’ han estado en limbo en el Congreso durante años, con proyectos de ley pendientes en la Cámara de Representantes y el Senado.
El proyecto que ha recibido la mayor atención, es el de los senadores Graham, y Richard Durbin, el cual otorgaría estatus legal permanente a más de 1 millón de jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de que cumplieran 18 años, pasaron los requisitos de seguridad y cumplieron otros criterios, incluyendo matricularse en la universidad, unirse al ejército o estar empleado.
No está claro, sin embargo, si el Presidente apoyaría esa o cualquier otra legislación existente. Podría motivar la redacción de un nuevo proyecto de ley, quizás vinculado a la financiación de su prometido muro fronterizo u otras concesiones como la reducción de los niveles legales de inmigración.
Sin embargo, no está claro cuánto capital político estaría dispuesto el Presidente a arriesgar, dada la fuerte oposición de sus votantes a la inmigración ilegal, a su retórica de campaña criticando DACA como amnistía ilegal, y su renuencia a respaldar para otras prioridades como la cobertura de salud.
Los beneficiarios de DACA tienen hasta el 5 de octubre para renovar su permiso.