Bladimir Caballero, un joven hondureño de 17 años que radica en Cicero, acaba de cumplir un año bajo la protección del alivio migratorio DACA; dice sentirse desolado ante las amenazas que el programa pueda desaparecer, sin embargo la lucha para mantenerlo es su prioridad.
“Soy uno de los miles que tienen DACA y hay tantas cosas que quiero hacer todavía, como ir a la universidad. Pero ahora no es el tiempo de esconderse ni de tener miedo. Hay que luchar,” dice Caballero, quien cruzó la frontera en brazos de su madre cuando era un bebé de meses.
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Caballero y otros “DACAmentados” –como se hacen llamar muchos de los jóvenes amparados bajo ese programa– hacen un llamado de emergencia para responder a la amenaza del gobierno federal que podría eliminar los programas de alivio migratorio, DACA y TPS, tan pronto como en septiembre; lo cual desataría una ola de deportaciones, consideran.
El representante federal Luis Gutiérrez informó que se reunirá con ellos el sábado a las 2 p.m. en la Iglesia Metodista Lincoln, 2242 S. Damen Ave., en Pilsen, para unir fuerzas con otros aliados y crear un plan de acción que proteja a las familias inmigrantes contra este “ataque”.
Precisamente hace 5 años, miles de solicitantes de DACA en Chicago hicieron largas filas en Navy Pier para inscribirse al programa de protección.
“Depende de nosotros ver cómo podemos resistir este último insulto en nuestras iglesias, escuelas, universidades, ciudades y vecindarios”, urgió Gutierrez.
DACA protege contra la deportación a más de 800,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y TPS le permite vivir y trabajar legalmente a unos 400,000 inmigrantes.
Aquellos con DACA y TPS son especialmente vulnerables a ser deportados porque entregaron al gobierno sus datos personales al momento de solicitar la protección y un permiso para trabajar, lo cual le permite al gobierno federal localizarlos con más facilidad.
Esta semana, los senadores federales Richard Durbin, demócrata, y Lindsey Graham, republicano, presentaron la propuesta de ley “The Dream Act of 2017,” una vía para que los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños obtengan la residencia legal y una vía hacia la ciudadanía.
Para conseguir el alivio migratorio, según la propuesta, los jóvenes tienen que cumplir con la condición de haber sido residentes en el país desde al menos los últimos cuatro años, haber llegado de pequeños o mientras eran menores de edad, demostrar dominio del inglés y conocimiento de la historia de Estados Unidos.
Además, esta personas tienen que haberse graduado de la educación secundaria o haber superado el “examen de desarrollo de educación general” (GED); y continuar con su educación superior, trabajar legalmente al menos desde hace tres años o servir en el ejército.
Los jóvenes, además, no pueden haber cometido ningún delito ni pueden representar una amenaza para la seguridad del país.
“No van a quedarse por un acto de caridad, sino que tienen que cumplir las condiciones”, explicó Graham, que defendió las aportaciones que estos jóvenes hacen al país.
Sin embargo, públicamente la Casa Blanca sugirió el miércoles que el presidente Trump no apoyará este proyecto de ley, que se presentó por primera vez en el Congreso en 2001 y que ha vuelto a proponerse varias veces desde entonces, pero siempre sin éxito.
“La Administración (de Trump) se ha opuesto al ‘Dream Act’ y es probable que sea coherente con eso”, dijo el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Marc Short.
Texas y otros nueve estados han amenazado con demandar al Gobierno si no elimina DACA antes del 5 de septiembre.