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CHICAGO

– Olivia Segura dijo que desde que su hija Ashley falleció en 2007 durante su servicio militar en Kuwait, su vida y la de su familia fueron alteradas con el agravante de que su esposo fue puesto en proceso de deportación.

Segura explicó que luego que su hija falleció en el día de los veteranos de ese año, “sufrimos de problemas psicológicos, y mi esposo empezó a tomar”.

Segura dijo que en ese período su esposo Alberto Segura fue detenido por conducir ebrio y el oficial que lo detuvo descubrió que en 2004 se había declarado culpable por cargos relacionados con drogas y por conducir ebrio. Su esposo se declaró culpable a recomendación de su abogado para no ir a la cárcel, sin embargo él pasó un año en la cárcel, contó la señora Segura.

Y agregó que esa situación colocó a su marido en un proceso de deportación del que no ha salido librado.

Es por ello que la mujer apoya una campaña a nombre de su hija Ashley Sietsema para que los veteranos que han sido deportados puedan regresar a Estados Unidos.

“A mí se me hace una injusticia que después que los soldados fallecen, a las familias que lidian con estos problemas como la nuestra, las quieran separar”, dijo Segura.

Ella es parte de un grupo de familiares de veteranos, ex miembros de las fuerzas armadas, religiosos y activistas, que inició la campaña “Ashley Memorial Project” para lograr que alrededor de 3,000 veteranos latinos que han sido deportados regresen a Estados Unidos.

“Nosotros lo hemos dado todo por este país. Tal vez es cierto que algunos soldados consumieron drogas, pero en lugar de separarnos y darnos más problemas, el gobierno debería de reconocer el sacrificio que se hizo. Porque ir a la guerra no es algo fácil y quedan muchas marcas. Perder a un ser querido no es nada fácil”, agregó Segura.

El Proyecto en sí, hace un llamado al presidente Barack Obama a que firme una orden ejecutiva que permita que esos 3,000 hombres y mujeres reciban permiso condicional para regresar al país y se asegure que se les proporcione tratamiento y asistencia para conseguir empleo. Ellos tienen el derecho como veteranos que sirvieron al país, indicaron los organizadores en un comunicado.

El abogado Frank Ávila, veterano del Ejército de Estados Unidos, cree que a los veteranos se les debería de dar la ciudadanía para quedarse en el país, en lugar de ser deportados.

“Ellos dan un servicio muy noble”, comentó Ávila, quien sirvió en el Ejército y proporcionó ayuda a soldados con problemas en el matrimonio, de trabajo, salud, por heridas o para hacer sus testamentos, indicó.

Ávila agregó que moralmente es correcto que los veteranos permanezcan en el país.

Los organizadores indicaron que miembros del Proyecto viajarán a la frontera con México en la primavera de 2016 para registrar a esos 3,000 veteranos deportados y “organizarlos para que regresen todos a casa”.

Hasta el cierre de esta edición, una portavoz de la Casa Blanca no había respondido para comentar sobre el llamado de los activistas.

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