La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los recientes episodios de linchamientos ocurridos en Argentina, con agresiones de vecinos a personas acusadas de robo y que han dejado al menos un muerto.
El fenómeno, según diversos reportes de prensa, se ha disparado también en Centroamérica.
Ejemplos sobran, como bien cita el diario español de El País, y se repiten.
De Guatemala a Panamá, indica el diario, los linchamientos son vistos como parte de una supuesta “justicia popular” ante la incapacidad estatal de sancionar la delincuencia y de evitar propiciar la impunidad.
Un reporte aparecido a principios de año en el sitio CB24 indica que tan sólo en Guatemala el fenómeno se multiplicó 157 por ciento el año pasado, citando al Grupo de Apoyo Mutuo.
Entre enero y diciembre del año pasado, indica el documento, murieron 36 personas a manos de comunidades enardecidas que tomaron la justicia por su propia mano, en contraste con los 14 casos de este tipo reportados en 2012.
El informe del GAM indica que también se incrementó el número de heridos en este tipo de incidentes, pasando de 140 en 2012 a 173 en el 2013.
Misma situación que reporta El País, costumbre que el diario atribuye al desconocimiento y desconfianza de los indígenas hacia las estructuras institucionales de justicia.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, en un informe, establece que de enero de 2004 a noviembre de 2013, hubo 295 asesinatos -entre ellas 14 mujeres- por linchamiento. Además, 1,704 personas resultaron heridas en ese tipo de actos.
En el caso argentino, la CIDH reconoció como “positivo” que las autoridades de ese país condenaranlos hechos y asegurado que se juzgará a las personas que resulten responsables, de acuerdo con lo que dispone la ley, reporta la agencia EFE.
El organismo reiteró que estos hechos “son un problema tanto de justicia como de seguridad ciudadana” y subrayó que “es responsabilidad del Estado, a sus distintos niveles de gobierno, adoptar las medidas necesarias para que los organismos del Estado puedan afrontarlo y solucionarlo”.
El País destaca además que la humillación pública es el principio del final que, muchas veces, no termina en la comisaría, sino con la muerte.
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Y es que la situación, como señala el diario, no es exclusiva de América Central, pues en Argentina y Brasil se presentan situaciones similares.