Jorge Díaz aún recuerda los temores que se apoderaban de él cuando, en el transcurso de 2004, se apostaba junto a sus compañeros en una esquina de Redondo Beach para buscar trabajo.
Agentes del Departamento de Policía de esa ciudad, haciendo cumplir una orden que prohibía que personas se congregaran en lugares públicos para solicitar empleo irregular, llegaban periódicamente en camionetas y vehículos particulares a una plaza comercial de la zona y se hacían pasar por contratistas para arrestar y multar a los que quebrantaran la ordenanza.
En otras ocasiones, los policías le ordenaban a los jornaleros que se sentaran en las banquetas para explicarles la orden y luego les decían que se fueran del lugar, de acuerdo a relatos de trabajadores.
“No se podía confiar en nadie. Cuando salía un trabajo pensábamos que era la Policía la que te llevaba. Uno andaba con miedo”, relató Díaz, originario de Jalisco, México, de 44 años edad y con más de ocho años como jornalero.
Esa situación provocó marchas de protesta por parte de jornaleros y activistas comunitarios. Luego se entabló una demanda federal en contra de la ordenanza. El argumento fue que violaba la libertad de expresión de estos trabajadores. La Municipalidad, mientras tanto, argumentaba que la ordenanza era necesaria para regular el tráfico y proveer mayor seguridad en dos intersecciones donde se congregaban los jornaleros.
Hace unos días, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito dictaminó 9-2 que la ordenanza de Redondo Beach violaba la Constitución de Estados Unidos ya que “regula significantemente la libre expresión más de lo necesario para lograr el propósito de la Ciudad de mejorar la seguridad vial y el flujo del tráfico”.
Activistas que defienden a los jornaleros opinan que el fallo podría sentar un precedente para otras demandas similares, al mismo tiempo que ha brindado un poco de alivio a los trabajadores que continúan buscando trabajo en la plaza comercial ubicada en la esquina de la Avenida Inglewood y el Bulevar Manhattan Beach.
“Yo veo que [el fallo] está bien. Mucha gente viene aquí buscando trabajo… Tenemos que buscar la suerte a ver donde Dios lo bendice a uno”, expresó Miguel Ramírez, de 56 años y oriundo de Michoacán, México. “Es una ventaja… uno ya no tiene porque preocuparse de que lo vengan a correr”, agregó el inmigrante.
Esa fue la misma opinión de Díaz. “No perjudicamos a nadie. Somos buenos trabajadores”, dijo. “Ojalá ayude a otras esquinas para que les den la misma oportunidad [a los que buscan trabajo ahí]”.
Eso es lo que también espera Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros.
“Esto significa que cualquier ciudad que tenga una ordenanza contra jornaleros está en riesgo de una demanda por violar la Constitución de Estados Unidos”, expresó. “Estaremos comunicándonos con estas ciudades y animándoles a que retiren estas leyes de sus libros”.
Newman señaló que actualmente hay unas 50 ciudades en California que tienen ordenanzas similares a la de Redondo Beach. Además, la ley SB 1070, aprobada en Arizona, contiene artículos sobre jornaleros que aún están en debate y que podrían verse afectados por el dictamen.
“Este es un caso muy importante que afectará a jornaleros a través del país”, añadió Newman. “Esto significa que la gente puede buscar trabajo para alimentar a su familia y saber que están protegidos por la Constitución de Estados Unidos”.
A la Corte Suprema
Sin embargo, el caso aún no está resuelto del todo. La Municipalidad de Redondo Beach todavía puede apelar el dictamen ante la Corte Suprema de Justicia. Y eso es precisamente lo que sucederá, dijo a HOY Michael Webb, el procurador de la ciudad.
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“El próximo paso para la ciudad de Redondo Beach es pedir una revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, particularmente ante la discrepancia del juez [Alex] Kozinski”, indicó Webb.
“Considero que la opinión de la mayoría [de jueces de la Corte del Noveno Distrito] se decidió erróneamente y revoca leyes que han existido por más de un cuarto de siglo. En cambio, estoy de acuerdo con la discrepancia bien razonada y muy fuerte del juez Kozinski en la cual detalló ‘que la mayoría [de jueces] está demostrable, notoria y desatinadamente equivocada. Si pudiera disentir dos veces, lo haría”.
Por su parte, Thomas A. Sáenz, director general del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), quien representó a los jornaleros en la demanda, dijo que la decisión de la Corte “reivindica los derechos de la Primera Enmienda de los jornaleros del oeste de Estados Unidos.
“Las decenas de ordenanzas similares a través de la región que buscan prevenir que los jornaleros hablen en las banquetas… violan obviamente aún más la Constitución”, prosiguió.
“Cada municipalidad con una ordenanza de este tipo debería suspenderla inmediatamente y eliminar la ley. El principio arraigado del derecho a la libre expresión le pertenece a todos [y] ha sido reafirmada con esta decisión”.