No es una amnistía. Ni mucho menos una legalización. El anuncio hecho la semana pasada por la Administración de Barack Obama, sobre la revisión de alrededor de 300,000 casos en proceso de deportación, ha generado esperanza, pero también confusión en la comunidad latina por la falta de información.
A una semana de darse a conocer esta noticia, se han detectado algunos casos en donde los inmigrantes externan su intención de dejarse arrestar por las autoridades migratorias para “beneficiarse” de esta iniciativa. Esto es un grave error, aseguran activistas y abogados especialistas en inmigración.
“No hay que meterse a la boca del lobo para ver si el lobo se lo come”, dijo el abogado Edgardo Quintanilla.
“Lo único que ha dicho el gobierno es que las deportaciones continúan, pero los fiscales podrían no ser tan severos, cada caso va a ser evaluado por sus propios méritos”, agregó.
Quintanilla dijo que aún es muy pronto para saber el efecto que podrían tener estas nuevas normas.
“No todos los fiscales van a cambiar de la noche a la mañana”, indicó. “Yo no he visto ningún cambio todavía. No espero ver cambios drásticos de parte de los fiscales o agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), sólo espero que cada caso va a ser visto bajo sus propios méritos, dependiendo de las circunstancias”.
Este mismo fenómeno lo ha visto Osfel Andrade, un inmigrante que está en proceso de deportación, luego de que ICE realizara una redada en la compañía donde laboraba.
Andrade indicó que el anuncio de esta nueva norma migratoria ha generado ideas que en vez de beneficiar, podrían terminar dañando su estadía en este país. “Hay gente que todavía no está en proceso de deportación y quiere dejarse arrestar por Inmigración para ver si ‘califican'”.
La misma Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha emitido una advertencia ante el peligro que se enfrentan los que piensen que este anuncio los va a beneficiar, aun si no están en proceso de deportación.
“No hay una manera ‘segura’ de entregarse a las autoridades de Inmigración, y no existe ninguna garantía de que su caso será considerado como uno de ‘baja prioridad’. Cualquier persona que llega a estar en contacto con Inmigración puede ser encarcelada, detenida, y hasta deportada”, externaron en un comunicado.
La Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) reforzó las precauciones. Su directora, Angélica Salas, alertó sobre el peligro de entregarse a Inmigración ya que no es una opción, los van a detener y no hay una garantía de que serán beneficiados.
La idea de que la revisión de casos de deportación será equitativa para todos es errónea, según Carlina Tapia-Ruano, una abogada de la AILA.
“Cada corte pudiera interpretar esta ley de manera diferente. No se guíen por lo que le pasó a otra persona, nadie debe firmar un documento que diga que está dispuesto a salir, sin antes consultar con un abogado”, agrego la abogada.
Tapia-Ruano fue enfática al decir que las “personas con antecedentes de deportación no son casos que se van a favorecer”.
Cuidado con las ofertas de legalización
Aunque todavía hay muchas interrogantes sobre el efecto de estos cambios, los abogados y activistas alertan sobre el peligro de dejarse llevar por ofertas de legalización por notarios u agencias que quieran aprovechar esta confusión.
“Lo primero que tiene la gente que saber es que no hay ningún programa migratorio, no hay ninguna reforma, no existe ninguna ley nueva para legalizar”, acotó Tapia-Ruano. “Tienen que estar alertas a charlatanes y personas que prometan que hay una reforma migratoria, porque no la hay”.
Es la misma advertencia que envió Alan Diamante, abogado y miembro de AILA.
“Por favor tengan cuidado. Siempre hay personas que los van a engañar con promesas falsas y no deben aceptar eso. Siempre hay charlatanes que les quieren cobrar por una ley que no existe”, dijo.
“Esto no es una amnistía, solamente nos da una esperanza para las personas en proceso de deportación o personas que estarían en riesgo de deportación”, indicó.
La esperanza
Aun con las confusiones que existen, muchas personas en proceso de deportación mantienen sus esperanzas de que esta nueva resolución del Gobierno Federal pueda beneficiarles.
“No está muy específico, pero mi abogado está diciendo que tal vez me beneficie”, expresó Ricardo Muñiz, estudiante indocumentado de 22 años en el Colegio Fullerton quien viene luchando contra una orden de deportación.
Muñiz, oriundo de Michoacán, ha vivido en los Estados Unidos desde la edad de siete años. Sus problemas legales empezaron en 2007 cuando fue detenido en Anaheim por discutir con un agente de policía en defensa de un amigo con el viajaba. Luego fue referido a una cárcel de inmigración donde pasó dos meses hasta que firmó una “salida voluntaria”. Un juez luego le otorgó una fianza para poder salir provisionalmente.
“Estoy muy contento que esto vaya a beneficiar a mucha gente que está en esta situación. Ayuda a muchos otros estudiantes que quieren estudiar y lograr sus sueños”, dijo Muñiz.
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Esto lo comparte Salas, la directora de CHIRLA. “Finalmente se les da esperanza y justicia a las personas que enfrentan una deportación”, dijo. “Este cambio administrativo tiene el potencial de ayudar a miles de personas que se encuentran tras las rejas de una cárcel de inmigración”.
Andrade, de 44 años, ha vivido 20 años en este país. La llegada de esta noticia le abrió la posibilidad de resolver, en parte, su estadía en Estados Unidos.
“Estoy esperando hablar con mi abogada para ver cuál es el siguiente paso para movilizar mi expediente”, dijo Andrade, quien ve con buenos ojos que la administración del Presidente Obama finalmente haya hecho algo en pro de los inmigrantes.
“Ya era tiempo de que dijera que puede hacer algo por nosotros. Quizás sea política, pero mientras nos beneficie en algo creo que está bien”, añadió Andrade.
Critican cambios
Aunque se ha recalcado que estos cambios no suponen una amnistía, grupos que se oponen a la inmigración indocumentada así lo ven.
“Los que apoyan amnistías comprensivas y enfocadas para indocumentados ilegales, consistentemente han fallado en ganar el apoyo del Congreso o del público”, indicó Dan Stein, presidente de la Federación por la Reforma Migratoria en América (FAIR).
“Al fallar en el proceso legislativo, la Administración Obama simplemente decidió usurpar la autoridad constitucional del Congreso e implementar un programa de amnistía para millones de inmigrantes ilegales”, agregó.
Quién se puede beneficiar de estos cambios
Personas que vinieron aquí de niños y que han asistido a la escuela, a la universidad
Personas que han participado o desean pertenecer al servicio militar
Personas que cuidan de familiares ancianos que dependen de ellos
Personas sin antecedentes penales por crímenes violentos
Personas que hayan sido puestos en procesos de deportación luego de negarles solicitudes de asilo político o residencia