Desde 2008, el programa Comunidades Seguras, bajo el cual se envían a autoridades migratorias las huellas dactilares de personas que entran en cárceles del país, ha contribuido a la deportación de 86,616 personas en toda la nación.
El hecho de que muchas de estas deportaciones involucran a personas que no tenían ningún historial delictivo previo y que fueron referidos a migración por delitos menores ha generado multitud de críticas. Algunos estados y municipalidades también han pedido salir del programa. Sin embargo, en una entrevista con HOY, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), nos presenta la realidad de este programa.
¿Qué pasa con el programa actualmente?
Estamos en la peor posición posible. Lo que esta pasando es que tenemos ahora en vigor un programa que su propósito es utilizar los recursos de la policía local para atrapar, detener y deportar a la mayor cantidad de personas posibles. Esto ha contribuido a que hemos tenido un 1,114,000 deportaciones en tres años, la cifra más grande en la historia de este país.
El viernes se anunciaron cambios al programa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Lo que expuso la Administración es que independiente de lo que estén haciendo en los estados y decidir que está en el mejor interés de las ciudades, estos acuerdos ya no son voluntarios, ahora a fuerza todos los lugares van hacerlo. Es una gran bofetada. Un retraso tremendo y no vamos a dejar que se quede así.
¿Entonces quiere decir que esas municipalidades y estados que querían salirse ya no lo van a poder hacer?
Ahora, lo que acaban de hacer es nacionalizar el programa en el 2011. Hoy si tu como policía tomas las huellas digitales de una persona en tu jefatura, independiente si son personas que hayan cometido delitos graves o no, sus huellas digitales van a ser compartidas con Inmigración. Para estados y ciudades como Los Ángeles, por su gran población inmigrante, se sabe que este es un gran retraso para la seguridad pública porque la gente no va querer interactuar con la policía por miedo a que la información de ellos o sus familiares la compartan con ellos.
El próximo lunes aquí en Los Ángeles se reunirá una comisión especial creada para tratar el tema del programa Comunidades Seguras.
¿Qué es lo que van hacer ustedes en esa reunión?
Esta es una comisión que la reunió el Departamento de Seguridad Interna y va estar en Los Ángeles para recibir testimonios. Pero en esa comisión nomás quieren hacer cambios pequeños, como considerar cuándo deportar a alguien o no. Nosotros lo que queremos decir es que este programa no sirve. Vamos utilizar esta audiencia para comunicar nuestro enojo y denuncia completa por imponer este programa. Pensamos que es lo más peligroso y el ataque más grande en contra de los migrantes y es una vergüenza que haya pasado bajo el presidente Obama, un presidente Demócrata que dijo que estaba con la comunidad inmigrante.
¿Qué recomendación le dan ustedes ahora a la gente?
Estamos lanzando una campaña de educación pública llamada AGUAS (Anímate Gente Únete y Actúa para Sobrevivir). Nosotros lo que queremos es que la gente entienda que en cualquier interacción con la policía pueden dar su nombre, pero no pueden decir si es nacido o no en este país porque esa información impulsa que Inmigración le ponga atención a esas personas. No les decimos que digan mentiras, pero tampoco que digan la verdad que potencialmente los puede deportar. También les pedimos no dejarse deportar voluntariamente aunque los presione migración. Ellos se tienen que mantener fuertes y no firmar su salida voluntaria.
¿Ahora también se habla de demandas contra el programa Comunidades Seguras?
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Tenemos una demanda a nivel local contra el Sheriff para que nos explique cómo se está usando este programa. Para que nos den la correspondencia verbal, electrónica y escrita de cómo se están comunicando con migración y las cifras y motivos por lo que personas que caen con el Sheriff son deportadas. A nivel nacional, la localidad que más deporta personas en este programa es Maricopa con el Sheriff (Joe) Arpaio y el segundo es Los Ángeles, pero todo este acuerdo lo han mantenido muy secreto. No son cosas que se discuten a la luz pública y la demanda lo que pide es transparencia, que se diga qué son estos acuerdos y si hay fondos que se están usando para esto.
¿También se habla de una demanda a nivel nacional, no es así?
Ahora estamos pensando en presentar una demanda colectiva por parte de todas las organizaciones que hemos venido hablando en contra de este programa. Ya se mandó una carta a la Administración por parte de 150 organizaciones a nivel nacional diciendo que estaban en contra de la implementación de este programa.
Aparte de la acción legal, es importante seguir la acción en las calles y en las urnas. Como comunidad inmigrante tenemos que hacer crecer esa fuerza política porque si no, cualquier político va pensar que puede hacer lo que quiera y no tener repercusiones y tenemos que mostrar que hay un costo político por implementar estos programas.